El primer fin de semana de mayo, un grupo de empleados del desarrollo Mitikah, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, derribó 54 árboles que llevaban décadas sobre el camellón de la avenida Real de Mayorazgo. La orden que recibieron fue talar 80 árboles en total, pero los vecinos reportaron el hecho, y autoridades de la ciudad arribaron a la zona para detener las motosierras. Una de las camionetas donde se llevaban los troncos y ramas tenía pegada una calcomanía que decía “Al servicio de CDMX”, lo cual era falso.
Fibra Uno, el fideicomiso más grande de bienes raíces del país, encargado de la construcción de este desarrollo, emitió un comunicado en el que argumentó que poseía los permisos para acabar con los árboles para construir un deprimido. Dijo, también, que por cada ejemplar derribado colocaría tres más. El permiso, curiosamente, fue emitido en los últimos días de la administración pasada.
Según Andreé Lilián Guigue, directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Fibra Uno contaba con un permiso administrativo temporal revocable, pero requería aún el visto bueno de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Seguridad Pública. Al final, los nueve taladores detenidos en flagrancia fueron liberados a los cuatro días y Fibra Uno tendrá que pagar una multa de 40.8 millones de pesos. O tal vez no, porque la compañía presentó un recurso de inconformidad ante la sanción.
Esta obra, por cierto, fue detenida dos años (de 2013 a 2015) debido a un recurso legal interpuesto por vecinos del pueblo de Xoco, quienes denunciaron que sus casas y departamentos comenzaron a cuartearse cuando los constructores escarbaron el boquete para los cimientos de las torres (echen ojo al reportaje que publicamos en mayo de 2018 sobre el tema).
Un mes antes de que arrasaran con los árboles de Real de Mayorazgo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación en la que exhibía cómo una cadena de farmacias había talado al menos 103 árboles en 32 sucursales que construyeron en la Ciudad de México durante la última década. Un árbol menos es un cajón más de estacionamiento.
En marzo, en la esquina de Parroquia y Aniceto Ortega, en la colonia Del Valle, también fue derribado un árbol justo afuera de una cafetería de cadena. En su cuenta de Twitter, la compañía publicó: “…la decisión de talar el árbol… ha sido una medida que tomó la delegación Benito Juárez, cuyo motivo desconocemos”. Ante esto, la alcaldía respondió, también en Twitter, que no había autorizado la tala del árbol y por ello interponía una denuncia ante el Ministerio Público. El castigo por acabar con un árbol en la ciudad puede llegar a los cinco años de cárcel.
¿Por qué estas empresas matan árboles con semejante liviandad? Porque pueden. Porque las autoridades lo han permitido sin consecuencias. En una ciudad que vivió prácticamente una semana en contingencia, urge demostrar que quienes mandan sobre el espacio público y sus árboles son la autoridad y los ciudadanos, no las inmobiliarias o las cadenas de farmacias. Los árboles no sólo limpian el aire, sino que ayudan a la filtración del agua a los mantos acuíferos. Claudia Sheinbaum prometió, a partir de junio, sembrar 10 millones de árboles en medio año. Vigilemos que lo cumpla y protejamos a los árboles por lo que son: seres vivos que mejoran la calidad de vida y la salud de las personas.
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