Este fin de semana, el expresidente Vicente Fox denunció que presuntamente un grupo armado intentó ingresar el sábado a su domicilio, por lo que responsabilizó directamente a Andrés Manuel López Obrador de su seguridad, la de su familia y de sus bienes.
Sin embargo, un reporte del periódico Reforma señaló en primera instancia que el presunto comando al que se refería Vicente Fox estaba compuesto por dos personas armadas que se identificaron como escoltas de una pareja de novios, quienes se casaría en el Centro Fox, pero que cuando el personal de seguridad les indicó que en el rancho no habría ninguna boda, se retiraron.
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Un segundo reporte del mismo periódico confirmó que el supuesto “comando armado” resultó ser un ñoño cazatesoros, quien lo único que quería era desenterrar un baúl escondido.
Aun así, en respuesta a la denuncia de Vicente Fox, AMLO ordenó a la Sedena crear una guardia de seguridad que proteja al exmandatario y a su familia, lo que provocó que la discusión se centrara en si el Estado debe garantizar protección a expresidentes o no, lo cual es un punto totalmente válido, pero más válido aún sería poner en la mesa de discusión si el Estado debe garantizar protección a todos sus ciudadanos y, sobre todo, cómo lo hace.
Y es que más allá de Fox, no podemos ignorar que Guanajuato se ha convertido en uno de los estados más violentos de todo el país, en donde tan solo durante el mes de marzo se registraron más de 220 asesinatos.
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También, junto con Chihuahua, es el estado en el que más policías han perdido la vida en cumplimiento de su deber.
Y, básicamente, podríamos resumir el estado actual de la entidad con el hecho de que, mientras Vicente Fox y Andrés Manual López Obrador intercambiaban tuitazos, 22 personas más fueron ejecutadas en siete diferentes municipios, cerrando una semana de infierno para el estado, que en los últimos siete días registró 75 asesinatos.
Guanajuato vive niveles de violencia sin precedentes, incluso cuando ha sido una de las regiones en las que el gobierno ha incrementado el número de efectivos y militares.
Diversas organizaciones civiles señalan que los niveles de violencia obedecen a la disputa territorial que sostiene el Cártel Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez de la Cruz, mejor conocido como El Marro, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, por el control del huachicoleo. Pero, ¿se acuerdan del “combate frontal contra el huachicol”?
Las cifras revelan una crisis de la que tendríamos que estar hablando por encima de las ocurrencias de Vicente Fox; una crisis en la que el propio gobierno de López Obrador debería actuar con la misma rapidez con la que “atendió” las denuncias del expresidente bigotón.
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