Los menores en conflicto con la ley deben recibir un tratamiento especializado, ser inimputables no significa ser impunes: director de REDIM
Un video difundido en redes sociales abrió de nuevo el debate sobre las sanciones a menores de edad que cometen algún delito. En las imágenes se aprecia a dos niños de entre 12 y 14 años intentando asaltar un vehículo en avenida Constituyentes.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP), los menores pertenecen a una “banda” conocida como Los Diablitos, cuyo modo de operar consiste en aprovecharse del tráfico para asaltar con armas de juguete y son presuntamente liderados por un hombre de unos 30 años que en julio pasado salió del Reclusorio Oriente, luego de pasar seis meses por el delito de robo.
Los niños están ligados a una decena de atracos en el último mes y en el mismo periodo han sido detenidos y liberados en tres ocasiones por ser menores de edad.
Aunque la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX ha señalado faltas al proceso de protección por parte de la Procuraduría de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, la SSP aseguró que los menores serán presentados todas las veces que resulten necesarias.
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Sin embargo, especialistas en derechos humanos aseguran que las fallas en los protocolos de las instancias de seguridad y justicia están reflejando las vulnerabilidades del estado para cumplir con sus obligaciones legales y brindar garantías a los derechos de los menores en conflicto con la ley.
Juan Martin Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) menciona que, de entrada, hacerlos pasar como una “banda” o “pandilla” los criminaliza al usar en niños una narrativa policial que se aplica en los adultos.
“Es evidente, además, que se encuentran en una condición de desprotección familiar y comunitaria; son víctimas de violaciones a derechos básicos como la educación y salud; no tuvieron acceso a programas de prevención antes de cometer una infracción y son víctimas de reclutamiento forzado”.
Menores en conflicto con la ley, ¿por qué delinquen?
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes define como un adolescente a quienes tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 y dividen este sector en tres grupos: de 12 a 14; de 14 a 16 y de 16 a 18 con el objetivo de definir el tratamiento que deben recibir.
En el caso del primer grupo se les considera inimputables porque, a diferencia de los otros rangos de menores en conflicto con la ley, no se les puede imponer medidas cautelares o sanciones privativas de libertad sino seguimiento institucional.
De acuerdo con la organización Reinserta, hasta abril de 2018 a nivel nacional habían 1,526 jóvenes cumpliendo una medida de internamiento, principalmente por homicidio y 5,222 con una medida no privativa de su libertad, siendo el robo el delito más común.
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En su estudio Factores de Riesgo y Victimización en Adolescentes Cumpliendo Medida Privativa de Libertad por Delitos de Alto Impacto Social detallan que las principales motivaciones de los adolescentes para cometer un delito son las ganancias económicas (39.6%); curiosidad (22.3%), por accidente (22.3%) y para ayudar a alguien cercano (11.6%).
“A esas edades los adolescentes son fácilmente reclutados ya sea por presión, por coacción o bajo la ilusión de que van a tener poder, reconocimiento y dinero”, dice Juan Martín Pérez.
El artículo 47, fracción VII de la Ley General de Derechos de los Niños y las Niñas sanciona la incitación o coacción para que los niños participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, sin embargo, el director ejecutivo de REDIM asegura que en la práctica esa ley no se aplica.
“Es urgente que se finquen responsabilidades a las personas adultas que los están reclutando, en este caso son dos adolescentes, pero estamos hablando de un barrio donde hay decenas que pueden ser víctimas de lo mismo, lo único que se está haciendo es criminalizar y no atender, del reclutamiento forzado nadie está hablando”, dice.
Tan solo en la consulta Infantil y Juvenil 2015 organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), a la pregunta expresa “¿me obligan a participar en un grupo de delincuentes?” 2,042 niños de la CDMX contestaron que sí.
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Evidencian fallas a los protocolos
La titular de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, Nashieli Ramírez, aseguró que las fallas en la aplicación de protocolos a menores en conflicto con la ley, además de violentarlos, está mandando un mensaje de impunidad, pues a las pocas horas de ser detenidos fueron entregados a sus padres.
“No se trata de vacíos en la ley sino de vacíos en la aplicación de los protocolos”, resaltó la ombudsperson de acuerdo con El Universal.
Juan Martín Pérez detalló que otro fallo de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es que, de acuerdo con la legislación sobre menores en conflicto con la ley, cuando por su edad son inimputables deben existir otros procesos y tratamientos que cambien el entorno de criminalidad en el que viven.
“Inimputable no significa impune, hay responsabilidades y por eso deben tener tratamiento. Tienen que ir a la escuela, recurrir incluso a la cuarta generación de familiares y acercarlos a programas para reelaborar con ellos los significados de la legalidad, de las amistades y su futuro. Si las autoridades dicen que en el mes habían sido detenidos tres veces, quiere decir que desde el principio no hicieron bien su trabajo, no les dieron la atención que necesitaban”.