A un año del 19S, el día en que un sismo magnitud 7.1 cimbró a la CDMX. Sus ondas generaron grietas, en la ciudad y en sus habitantes, que no se han cerrado.
Hace un año la ciudadanía aprendió a levantar el puño en señal de esperanza, de unidad, de exigencia. Esa generación que no conocía la furia de la naturaleza tomó las calles para ayudar y hoy sigue luchando. Ya son 12 meses que los chilangos no somos los mismos, no es tiempo de olvidar.
Los saldos oficiales del sismo magnitud 7.1 del 19 de septiembre de 2017 en la CDMX son: 228 personas fallecidas, 44 edificios colapsados y otros 70 demolidos con maquinaria pesada, picos y mazos. Se han retirado 377,706 toneladas de escombro equivalentes a llenar cuatro veces el Estadio Azteca.
Hasta ahora la Comisión para la Reconstrucción se ha reunido 28 veces y aprobado 44 acciones con las que se han ejercido más de 6 mil millones de pesos. Hasta mediados de agosto, 40 predios se encuentran listos para reconstruir.
En estos meses la Comisión para la Reconstrucción cambió tras la renuncia de sus miembros. También se modificó la aprobación de los recursos para intentar acabar con dudosos manejos y la sociedad frenó un memorial en Álvaro Obregón 286, donde el gobierno de la CDMX pretendía invertir 60 millones de pesos.
Las dudas sobre los recursos, donaciones y obras persisten. El colectivo Reconstrucción Transparente, de Nosotrxs, ha resumido las preocupaciones en cuatro puntos: la falta de información clara sobre el ejercicio de los recursos asignados a la reconstrucción, la nula transparencia y rendición de cuentas del dinero público, la ausencia de un diagnóstico integral de necesidades para organizar y justificar las asignaciones presupuestales y las reglas poco precisas para acceder a los fondos.
Las exigencias de los damnificados han cambiado: piden empatía, hablar de personas y no solo de predios; necesitan procesos más sencillos y mecanismos para no endeudarse, de nuevo, por 20 años. Quieren ser escuchados y atendidos porque en este tiempo no solo aprendieron a distinguir los tipos de suelos, las categorías de las grietas, los niveles de daños o el proceder de un ingeniero o un abogado: se dieron cuenta, dicen, de que no hay un solo modelo de reconstrucción.
También vienen nuevos retos que –según las autoridades– podrían extenderse hasta cinco años.
“Vienen tiempos de rehacer planes y repensar la ciudad, de exigir un atlas de riesgo, de que se elabore un expediente único para que nunca más ningún afectado tenga que ir de dependencia en dependencia. De que se aclaren los procesos de financiamiento, de hacer que la cultura de prevención y actuación ante desastres se vuelva costumbre; de lo contrario –dice Mónica Tapia, coordinadora de la asociación Ciudadanía 19S– somos propensos a ser damnificados futuros”.
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A un año del 19S, todavía tenemos mucho que hacer
Ya pasó un año del 19S y “seguimos igual”, dice Mario Jiménez, un habitante de San Gregorio Atlapulco, donde el sismo del 19 de septiembre dejó ocho personas muertas, más de 6,000 casas dañadas —la mitad de gravedad—, escasez de agua y avenidas bloqueadas por baches y zanjas.
Desde entonces, los habitantes no han dejado de ver obras por todos lados. Aprendieron a vivir entre martillazos, nubes de polvo, montones de cascajo y maquinaria pesada que hacen aún más estrechas las calles de este poblado de Xochimilco.
Luego del sismo magnitud 7.1 la vida “de pueblo” se trastocó. Los agricultores y comerciantes del mercado se trasladaron a la calle. El pollo, la carne y las verduras se venden entre montículos de piedras, restos de drenaje y lodo. Los niños juegan entre letreros de peligro y casas apuntaladas. Los medicamentos contra la diarrea, los antigripales y las gotas para los ojos se volvieron indispensables.
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A reconstruirse a sí mismos
Decenas de casas están en reconstrucción. Los pobladores aseguran que nada de eso se debe al gobierno sino a los apoyos de fundaciones, la sociedad civil o a vecinos que han pagado sus propias obras.
Sobre la calle 5 de mayo, Danae y Sergio apalean arena y grava afuera de su casa para cubrirla de la lluvia. Ellos son parte del grupo de vecinos que, días después del terremoto, denunciaron irregularidades en los censos y revisiones estructurales.
“El primer documento que nos dieron decía que nuestra casa era amarilla (riesgo medio), después vino otra persona y de la nada lo cambió a verde, pero si entras te das cuenta de que el piso tiene daños, hay grietas en los muros y la construcción se hizo de lado, ¿cómo pueden asegurar que todo está bien?”, cuestiona Danae Altamirano.
Ella y su esposo pagaron una revisión estructural independiente que determinó que su hogar era inhabitable. “Nos dimos cuenta de que no podíamos estar atenidos, toda la vida esperamos algo del gobierno y no lo hacen, entonces para qué aguantarnos”, reclama.
Esta pareja ha gastado más de $200,000 que consiguieron a través de préstamos. Su casa aún no está lista pero les enorgullece saber que la levantaron con sus manos, pronto podrán ocuparla y reabrir su taquería.
De acuerdo con la fracción IV del artículo 1 de la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México En Una Cada Vez Más Resiliente: las autoridades deben “Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del daño a las familias que perdieron su patrimonio garantizando la construcción y el acceso a una vivienda digna y adecuada en los términos estipulados en la Ley de Vivienda de la Ciudad de México”.
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Vivir sin salidas
Salir de San Gregorio es imposible. El terremoto abrió un socavón en la carretera Xochimilco-Tulyehualco, una de las dos únicas vías para llegar al pueblo, y desde entonces la circulación está cerrada.
Aunque el hoyo ya fue cubierto y subsanado con inyecciones de bentonita y cemento, las grietas persisten. De acuerdo con la Secretaría de Obras, se requieren 250 millones de pesos para la vía y de tener los recursos esperan reabrir antes de terminar 2018.
“Este cierre provocó que el día del sismo ningún cuerpo de emergencia pudiera circular y seguimos igual. La alternativa es la doble vía entre callecitas pero se colapsan. Es un tramo de dos o tres kilómetros que te toma hasta dos horas”, relata Mario Jiménez.
Los problemas de movilidad también han traído pérdidas económicas por la baja afluencia de visitantes a las ferias —del nopal, del mole, de nieves, de tamales y a los globos de cantoya—, una de las fuentes de sustento de los pueblos de Xochimilco y Milpa Alta.
“Estos son desastres que tenemos que vivir, hay que levantarnos, la vida continúa. Una construcción se vuelve a levantar pero una persona fallecida no. Todavía tenemos mucho que hacer”, asegura Danae.
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La colonia que no debió existir
A un año del 19S, los vecinos de la colonia Del Mar, en Tláhuac, han visto desfilar a geólogos chilenos, alemanes y japoneses; a especialistas de la UNAM, UAM y UACM. Todos coinciden en que la reconstrucción sería un riesgo, quizá, hasta una negligencia.
“Hay una grieta que viene desde Totolapan, Morelos, y se extiende a Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Esto lo sé por experiencia, han venido muchos especialistas, algunos han solicitado la reubicación de la colonia”, dice Mario Arellano, miembro de la Mesa de Trabajo Sirena y Atún, en la que vecinos se han unido para exigir ser reubicados y no reconstruidos. “Esta colonia está en riesgo de colapso, esta colonia nunca debió ser habitada”, agrega.
Mario estaba en su casa cuando una grieta la partió en dos. El salón de fiestas Social Palace y su vivienda –adquiridos tras 40 años de trabajo como músico– no tuvieron arreglo y fueron demolidos a raíz del 19S. Con ellos se fueron una decena de calles de la colonia del Mar también atravesadas por una cicatriz interna.
Desde entonces no ha pasado nada con su propiedad que permanece rodeada por tapiales de madera y yerba crecida, ni con las casi 2,000 viviendas –según censos vecinales– que resultaron afectadas en esa zona. El problema, dicen, es que son casas y la reconstrucción se ha enfocado en multifamiliares.
33 años de problemas
Los vecinos de las colonias Del Mar, Cananea y Molino que hoy habitan entre calles agrietadas, banquetas chuecas, asfalto quebrado y casas sostenidas con polines conocieron la desgracia otro 19 de septiembre, el de 1985, cuando se convirtieron en damnificados por primera vez.
32 años después, a pesar de haber sido reubicados a través de la entonces Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT), volvieron a ser damnificados un 19 de septiembre.
Los vecinos de la colonia Del Mar aseguran que las afectaciones no han cesado. Hay casas que no se dañaron con el terremoto pero ahora lo están: Tláhuac se sigue hundiendo.
Basta recorrer las calles Sirena, Pingüino, Aleta y Medusa para encontrar manzanas enteras que serán demolidas, “casas flotantes” en las que la banqueta se hundió tanto que quedaron visibles los ladrillos inferiores, esos que antes estaban escondidos por las aceras.
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La esperanza muere al último
Pese a los daños, hay vecinos que ya regresaron a sus casas. La repavimentación inició aún sin tener estudios sobre las grietas y la gente se acostumbró a sortear baches y evitar las calles que tienen entrada pero no salida a causa de los socavones. Los negocios reabrieron sus puertas y los bicitaxis no dejan de dar rondines.
“La inseguridad también nos ha pegado y no hay día en que no te enteres de un asalto o una riña a balazos. No sé si sea un fenómeno en las zonas de desastre pero la vida nos ha cambiado por completo”, dice una vecina.
En medio del caos por la reconstrucción, en la colonia Del Mar hay empresas que quieren comprar los predios dañados sin explicar qué uso les darán. Hasta ahora, los vecinos no han querido escuchar las ofertas por temor a ceder y vender su propiedad.
“Reconstruir no es factible”, insiste Mario, quien no confía en la promesa de la Comisión para la Reconstrucción, que dijo que los estudios de la tierra determinarán el futuro de la colonia Del Mar y que dichos resultados serán revisados por la UNAM.
A la sombra de un gigante herido
“Desde hace mucho tiempo no descanso. No me quiero dormir por miedo, tengo que acostarme con la ventana abierta para poder escuchar si suena la alerta (sísmica) o si algo se cae”, cuenta nerviosa una de las inquilinas del callejón de la Igualdad 32, un predio de la colonia Centro, que está a la sombra de un edificio de 14 pisos que fue desalojado por sus daños.
En el callejón de la Igualdad conviven 22 familias en una construcción de dos pisos que se divide en tres partes: la entrada, que es la menos fracturada pero la más inclinada; la parte central, que apenas se sostiene con polines de madera, y la zona trasera, cuyos seis departamentos tienen grietas, paredes separadas y muebles atrancados entre muros.
“El predio tiene una construcción antigua; sin embargo, lo que más la dañó fue su vecino: el edificio que rentaba el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y que permanece cerrado desde el 19S”, explica Rubén, representante vecinal y uno de los afectados, ya que su departamento se ladeó tras el sismo magnitud 7.1.
El principal problema de los vecinos de este callejón es que viven atrás de Fray Servando 32, un inmueble que albergaba 30 juzgados de proceso oral en materias civil y familiar que se hundió a causa del terremoto.
A un año del 19S y aún no hay respuestas
Katia y Marco vivían en uno de los departamentos dañados. Su casa quedó reducida a una decena de cajas de cartón y bolsas de plástico, a los muebles que mudaron a uno de los departamentos menos afectados del mismo predio y a una cocina que no pueden desarmar por miedo a que el muro y la losa les caiga encima.
“Un vecino nos prestó el departamento de la entrada porque no tenemos a dónde ir, tuvimos que traer de regreso nuestras cosas porque no podemos pagar bodegas, estamos así en lo que se decide qué va a pasar con el predio”, dice Katia Zea.
Este grupo de vecinos también vive a la sombra de un cúmulo de irregularidades como que el edificio de junto, que fue desocupado en octubre, era rentado por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (TSJCDMX) al fideicomiso del fondo para el retiro de sus mismos magistrados, de acuerdo con una nota de Televisa publicada el 10 de octubre del año pasado.
Otra de las irregularidades es que el dictamen que calificó al inmueble como fuera de riesgo fue firmado por los ingenieros José Luis Rubio Ramírez y Carlos Rodríguez Corona, pero al momento de firmar el dictamen, el responsable de seguridad estructural, Carlos Rodríguez Corona, se encontraba inhabilitado, ya que, desde el 22 de abril del 2016, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le canceló, por dos años, el registro de Director Responsable de Obra (DRO), detalló Televisa el 5 de octubre de 2017.
“Necesitamos que una institución independiente revise el edificio de Fray Servando 32 porque hasta ahora no sabemos si ya hay dictámenes oficiales, si lo van a demoler o si esperan que se nos olvide”, reclama Rubén Martínez.
Mientras eso pasa, los vecinos temen que el edificio colapse encima de ellos, pues todavía caen piedras y escombros a pesar de que la mampostería fue retirada y se colocaron mallas negras y tapiales.
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Hogar, débil hogar
A un año del 19S, regresaron a vivir a cinco departamentos del callejón de la Igualdad por no tener a dónde ir y para evitar que grupos invasores se adueñen de las casas.
“Estamos cuidando que no se metan, queremos conservar nuestro techo (…) Sabemos que no se puede vivir así pero no hay otra opción”, dice una vecina mientras prepara la comida del día.
En tanto, a sus 63 años don Rubén Martínez coordina a los vecinos, hace llamadas, visita secretarías y arma expedientes para solicitar que se reconsidere el dictamen que ordena la rehabilitación a pesar de las condiciones del predio.
“El inmueble tiene 60 años y está sujeto a la torre Fray Servando 32, por más que refuercen las 22 casas del callejón de la Igualdad no van a aguantar: sería como arriesgarnos a que en el próximo sismo se dañen. Queremos reconstrucción, queremos vivir tranquilos”, dice.
Un Centauro que se niega a extinguirse
Las dudas de los inquilinos del edificio Centauro son tan grandes como los ventanales de sus departamentos o tan profundas como las grietas que atraviesan sus paredes, a un año del 19S. Mientras el edificio gemelo, el Osa Mayor, ya fue demolido, los inquilinos de la otra torre de departamentos de la Unidad Morelos, en la Doctores, se debaten por el futuro de ese inmueble.
Leslie Nequiz vivía en el 401 con sus hijos y su esposo. Desde hace unos meses interpuso un amparo que ha detenido la demolición del edificio, pues considera que las autoridades capitalinas han violado sus derechos al no acercarse con los vecinos a dialogar.
“Parece que lo quieren demoler ya, es como si tuvieran mucha prisa. Hay vecinos que dicen que estoy trabando el avance pero no es así. No nos estamos atrasando en nada, hay inmuebles que se demolieron desde hace meses y no los han levantado, no hay un plan”, explica.
Leslie pide conocer el proyecto de vivienda para los 56 vecinos y ocho locales del Centauro antes de que lo demuelan. Asegura que no le interesan las promesas. Ella busca documentos firmados que les den certeza jurídica sobre lo que va a ocurrir con el predio.
“No me opongo a la demolición ni a pagar lo que se necesite, pero la solución es muy fácil, queremos mesas de trabajo con las instancias involucradas en la reconstrucción, enterarnos de los avances y que nos ayuden a solucionar los pendientes que tenemos en el edificio”, explica.
Además de los desacuerdos entre inquilinos, hay vecinos que tienen problemas para demostrar la propiedad del departamento, carecen de escrituras o solo cuentan con contratos privados de compra-venta –que están en proceso de validar–. Esto dificulta los trámites pues para avanzar es necesario comprobar quiénes son los dueños.
El brillo perdido
El Centauro se fue opacando con el paso de los años. Pasó de presumir amplios departamentos con enormes ventanales a ser un condominio que apenas se sostiene en pie. “Es a donde corren los periodistas cada que hay sismo para comprobar si no se cayeron”, dice Leslie.
Aunque el 19S le dio la sacudida definitiva, el sismo del 30 de marzo de 2014 exhibió la fragilidad de la construcción. Desde hace cuatro años se detectaron paredes cuarteadas e inclinación, por lo que era necesario rehabilitarlo con un “encamisamiento”, es decir, reforzarlo con una estructura de varilla y revestimientos de cemento, pero la obra no se llevó a cabo.
“En ese entonces hubo recomendaciones para mantener el edificio estable, pero nunca se le dio el mantenimiento. También nos enteramos que algunos vecinos modificaron los muros de carga, todo eso provocó que con el temblor del 19 de septiembre no hubiera vuelta atrás”, dice una vecina que vivía en el décimo piso.
Actualmente, el Centauro cimbra a todo aquel que entra: algunos escalones se desgajaron y es necesario pegar un salto para seguir subiendo. Miles de ladrillos se destruyeron y aún caen pedazos de escombro.
Las grietas van de lado a lado de las paredes. Los huecos son tan grandes que desde la sala se pueden ven los cuartos. Los azulejos se botaron. Hay vidrio en los pisos. De los 56 departamentos del condominio, solo cinco mantienen sus pertenencias al interior.
Mientras la torre gemela, la Osa Mayor, está en la etapa del retiro de cimientos, los inquilinos del Centauro siguen desalojando. Camionetas de mudanza se detienen en la entrada, los trabajadores cobran hasta $15,000 por bajar los muebles y trasladarlos a bodegas o a departamentos que los vecinos tienen que rentar.
Pocos inquilinos suben a las que fueran sus casas, no quieren verlas vacías, desmoronadas. Todavía hay riesgo de colapso, todavía hay dudas.
La corrupción mata
Días después del sismo, un grupo de trabajadores con grúas y camionetas llegaron a Zapata 56, en Portales Sur. Desmontaron cocinas, cancelería, puertas, vidrios y clósets de la mitad dela torre de departamentos que quedó en pie.
Todo se hizo con extremo cuidado. La delegación Benito Juárez se comprometió a resguardar los bienes, pero ahora –dicen vecinos– nadie sabe dónde están.
Cuando los afectados fueron a la delegación a preguntar qué había pasado con sus cosas, personal del área jurídica les respondió que con eso se había pagado la demolición que costó 1.5 millones de pesos.
A pesar de la respuesta los vecinos tienen sus dudas, pues en declaraciones a medios el exdelegado, Christian Von Roehrich, aseguró que los trabajos quedarían cubiertos con dinero de la delegación etiquetados para otros rubros pero redirigidos a las necesidades del 19S con el aval de la Secretaría de Finanzas.
“Hemos tratado de investigar y sabemos que alguien se benefició con las pertenencias. No sabemos quién, pero es irrisorio. Imagínate que el edificio tenía una estructura de paneles solares, elevador y eso también desapareció. Dime ‘¿cómo te llevas un elevador?, ¿dónde lo guardas?’”, cuestiona Fernando González, uno de los afectados.
A un año del 19S, Zapata 56 es un ejemplo de corrupción. La empresa Canada Building construyó un edificio de seis pisos y 24 departamentos con acabados de lujo que destacaba entre el paisaje de la Calzada de Tlalpan; no estuvieron habitados ni un año cuando se desplomaron.
“Eran (departamentos) nuevecitos. Los entregaron en marzo y en septiembre se cayeron. Algunos vivíamos aquí, otros los compraron para rentar e incluso había departamentos que no se habían vendido. Aquí hay mucha responsabilidad de quienes construyeron. Dos mujeres fallecieron y es como si no pasara nada, tiene que haber justicia”, dice Fernando.
Sin acuerdos vecinales
Zapata 56 tiene aprobada la reconstrucción; sin embargo, el problema ha sido decidir el proyecto. Un tercio de los propietarios rechaza la redensificación, que implicaría construir nueve departamentos extra, y también están en contra de que se construyan locales comerciales.
“No ha habido acuerdos porque quienes están a favor son gente que no vive aquí, que compró para rentar. También están funcionarios de la constructora que jamás se les vio por aquí hasta que se empezó a hablar de reconstrucción y resultaron dueños de departamentos”, agrega Fernando, quien demandó a Canada Building por el desplome del edificio.
En octubre pasado un juez emitió tres órdenes de aprehensión por el homicidio de dos mujeres e irregularidades en la construcción, contra el Director Responsable de Obra (DRO), Juan Duay; el corresponsable de instalaciones, Jaime Smith, y el representante legal de la constructora, Macario Espinoza. Ese mismo mes detuvieron al corresponsable; en diciembre, al DRO, y en marzo pasado, al representante de Canada Building. Luego de unos meses, todos quedaron libres.
Jaime Smith está libre luego de que la magistrada de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Eva Verónica de Gyves Zárate, revocó el auto de vinculación a proceso, ordenado por un juez de control del mismo tribunal por el delito de homicidio con dolo eventual. De acuerdo con la magistrada, los elementos probatorios que entregó el Ministerio Público no son suficientes, indica un reporte del diario Excélsior,del 9 de febrero.
El 27 de febrero pasado, Juan Duay fue puesto en libertad por una resolución del magistrado del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, quien determinó que el DRO no tuvo responsabilidad en el derrumbe, según una nota publicada por El Universalel 5 de marzo.
Macario Espinoza fue absuelto por el delito de homicidio y un juez le impuso la medida cautelar de presentación periódica semanal ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, reportó Televisa el 15 de marzo.
Un año después, en Zapata 56 solo quedan vehículos cubiertos por el polvo en un estacionamiento lleno de escombros, colchones donde duermen indigentes, coronas fúnebres secas y tapiales de madera que reclaman “la corrupción mata”, mientras que en dos predios adelante ya se ofrecen en venta nuevos departamentos.