El Gobierno de Ciudad de México anunció cambios en los protocolos que se aplican para la detención de menores sospechosos de haber cometido algún delito, a fin de garantizar que se respeten sus derechos humanos.

Mediante un acuerdo, se informó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que el Protocolo Interinstitucional para Personas Adolescentes Detenidas por Autoridad o Probables Infractoras en la Ciudad de México no había sido modificado desde hace 15 años.

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Este protocolo se aplicará en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, todas de la Ciudad de México, por lo que se capacitará a los elementos policiacos involucrados en la aplicación, con la finalidad de que actúen con apego y garantías de las personas detenidas.

La detención de menores se aplicará de esta manera

Para efectos de este protocolo de detención de menores, la Gaceta Oficial contempla a personas de entre 12 años y 18 años de edad.

Dentro del protocolo de detención de menores se aclara que el policía que efectúe el arresto debe proteger en todo momento su intimidad y confidencialidad. Nada de exponer su fotografía.

Las autoridades tienen la obligación de informarle de qué se le acusa y hacerle saber sus derechos de forma clara, tomando en cuenta su edad y grado de madurez. Nada de hablar con lenguaje legal para confundirlo y/o asustarlo.

Hasta que el juez no determine que es culpable, el menor tiene derecho a realizar una llamada telefónica por cualquier medio disponible para contactar a sus padres, a quien ejerza su patria potestad o a algún familiar.

Los oficiales, además, están obligados a avisar a un familiar sobre la detención. En caso de que sea posible, los menores tienen derecho en todo momento a contar con un defensor de oficio.

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Hasta que un juez no determine lo contrario, debe considerársele inocente. Aunque el menor sea culpable de algún ilícito, no se le debe agredir.

Se le deben proporcionar, además, la información y contactos sobre dónde presentar su queja en caso de que sus derechos sean violentados.

«Existe un contexto nacional en el que las personas jóvenes tienden a ser criminalizadas y estigmatizadas como delincuentes, lo que las hace sujetas a detenciones y restricciones a la libertad y seguridad personales, así como otras violaciones a sus derechos humanos, y que las ubica en una situación de vulnerabilidad que requiere de un tratamiento especializado ante la condición de desventaja y discriminación que viven», se argumenta en la Gaceta oficial de este 15 de mayo.