La noche del 4 de abril, Armando Becerril, dueño del restaurante La Casona del Fauno, ubicado en el Centro Histórico, fue asesinado a balazos por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. El restaurantero y líder de comerciantes de la zona acababa de salir del local con su madre, abordaron su auto y avanzaron unos metros, cuando fueron interceptados y atacados, sobre la calle Belisario Domínguez. Como suele suceder, los homicidas huyeron y no han sido detenidos. Becerril había mencionado públicamente que era extorsionado por miembros de La Unión Tepito, quienes lo visitaban para pedirle “derecho de piso”.
Su historia es, tristemente, una constante entre líderes comerciantes del Centro Histórico. Según MVS Noticias, en los últimos tres años han sido asesinadas en condiciones semejantes diez personas que eran propietarias de negocios en el primer cuadro de la ciudad. Tan solo del 10 de noviembre de 2018 al cierre de esta edición, El Universal contabiliza seis asesinatos de dueños de comercios, a quienes se les exigía aportar una cuota de entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales para operar sin problemas. Basta leer algunas columnas de Héctor de Mauleón en dicho diario para comprender el poder de las organizaciones criminales en la zona, capaces hasta de matar a seis personas, una noche de 14 de septiembre, en plena plaza Garibaldi.
Las extorsiones en el Centro Histórico han incluso escalado hasta los hogares: en grupos de Whatsapp de vecinos hay quienes sostienen que han llegado a sus puertas desconocidos para pedirles una aportación forzosa a cambio de evitar problemas.
Durante una década, Miguel Ángel Mancera, como Procurador General de Justicia del Distrito Federal y luego como Jefe de Gobierno, negó una y otra vez la presencia de grupos de narcotráfico en la Ciudad de México. Al menos una decena de ocasiones sostuvo que la capital era un territorio de tránsito o de negociación entre grupos delincuenciales, pero lo que aquí operaba era nada más “una bola de distribuidores”. Hoy en día ningún político se atrevería a defender semejante tesis. Lejos quedaron los años en que la capital era una especie de oasis en un país atormentado por diversas atrocidades.
Por iniciativa del diputado priísta Guillermo Lerdo de Tejada, el Congreso de la Ciudad de México exhortó el pasado 14 de abril a la PGJCDMX, para que “en coordinación con las autoridades de seguridad ciudadana, implemente una estrategia para la investigación y persecución del delito de extorsión, particularmente del llamado ‘cobro de piso’, que incluya el fortalecimiento de medidas de protección y fomento a la denuncia”, dice el comunicado. Según el diputado, el año pasado se presentaron 518 denuncias por este delito, y en lo que va de 2019 han sido 228 los casos; es decir, casi dos por día, lo que ubica a nuestra ciudad en el onceavo lugar a nivel nacional.
El Centro Histórico no solo es Patrimonio de la Humanidad, es el sitio fundacional de nuestro país y uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Las autoridades locales están aún a tiempo de crear una estrategia que proteja un espacio que logró recuperarse del abandono y la violencia; y que actualmente está bajo la amenaza constante de grupos delincuenciales que operan en completa impunidad y que cada día se atreven a ejecutar peores crímenes.
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