No hay inconsistencias. Por más que guardemos la esperanza, todos los reportes de violencia en el territorio nacional coinciden con el informe Índice de Paz México 2019, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz, el cual confirma al 2018 como el año más violento que se haya registrado en los últimos tiempos, lo que le costó al país una pérdida de 5.6 billones de pesos —cifra que equivale al 24% del Producto Interno Bruto—, y, por supuesto, provocando el dolor de miles de familias.
Según la cantidad de ejecuciones, los estados más peligrosos fueron Baja California, Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua; aunque, de acuerdo con el centro de investigación internacional, el 67% de los homicidios en el territorio nacional se registraron con armas de fuego y es precisamente el incremento en la tasa de homicidios, que pasó de 24 a 27 por cada 100 mil habitantes, lo que sirve de base para medir la decadencia del nivel de paz en nuestro país.
Así mismo, se muestra que, entre 2015 y 2018, el índice de asesinatos en el país se elevó en un 80.5% y, evidentemente, el gasto por homicidios significa el 51% del total de los costos de violencia, equivaliendo a 2.14 billones de pesos.
El estudio calcula cinco indicadores para medir el índice de paz anualmente, los cuales son el índice de delitos con violencia, el número de homicidios, crímenes de la delincuencia organizada, delitos cometidos con armas de fuego, así como los delincuentes que están en la cárcel pero sin sentencia, revelando que existe un grave retroceso de niveles de paz en 22 de los 32 estados de la República, haciendo un reconocimiento especial a Yucatán, Chiapas, Campeche, Hidalgo y Tlaxcala como los estados más pacíficos de todo el territorio nacional.
En este sentido, la investigación concluye que, a pesar de las grandes pérdidas económicas que la violencia supone para el país, se invierte más en las tragedias que en la prevención. Es decir, que el cuerpo de seguridad es insuficiente. Exhibiendo que apenas hay 3.5 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la recomendación de la OCDE, que estima 17.9 por la misma cantidad de ciudadanos.
En este sentido, el organismo concluye que el alto índice de impunidad, aunado con el sistema de justicia mexicano, provocan que 97% de los delitos no se castiguen y que muchos de los delincuentes aprehendidos terminen en libertad o, en su defecto, pasen largo tiempo detenidos en espera de una condena.
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