A partir del lunes 1 de octubre ya no existen los delegados ni delegaciones, en su lugar tenemos las nuevas alcaldías y alcaldes, aquí te explicamos todo lo que implica este cambio de forma de gobierno local.
A pesar de que la Constitución Política de la Ciudad de México entró en vigor el pasado 17 de septiembre, junto con la Ley Orgánica de Alcaldías, es a partir de este primer lunes de octubre cuando los nuevos alcaldes iniciarán su periodo de gobierno.
Esta figura implica cambios político-administrativos que todo chilango debe conocer.
De delegaciones a nuevas alcaldías
Si alguna vez le exigiste a tu delegación mayor vigilancia o ejercer lana en algún proyecto y te contestaron “uy, no, joven, eso le corresponde al gobierno central”, esta información te interesa.
De ahora en adelante, las nuevas alcaldías tendrán mayor autonomía, es decir, podrán tomar decisiones sobre cómo y en qué gastan su presupuesto y no dependerán únicamente de la Secretaría de Finanzas capitalina. Además, podrán administrar los ingresos por permisos, licencias, clausuras o multas.
Otro de los cambios es que las alcaldías tendrán jurisdicción en temas de movilidad, obra pública y seguridad ciudadana en términos de prevención, pues los cuerpos policiacos continuarán bajo las órdenes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CDMX).
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Otra modificación es que mientras los delegados estaban limitados a ofrecer audiencias públicas dos veces al mes, los alcaldes tendrán facultades para hacer reuniones cada que lo decidan o cuando los vecinos acudan a expresar sus requerimientos.
Para evitar que los alcaldes hagan mal uso de su nueva “independencia” se creó un Concejo, que tiene como objetivo ser un contrapeso que supervise y evalúe las acciones de los responsables de la demarcación, sobre todo en temas relacionados con el gasto público y el presupuesto de egresos. Cada demarcación tendrá entre diez y 15 concejales, dependiendo su densidad poblacional.
Además, cada alcalde deberá rendir un informe anual sobre sus actividades. Dicho documento pasará por la revisión del Concejo y de considerarlo necesario podría ser enviado al Sistema Anticorrupción de la CDMX.
¿Qué hará el Concejo de la CDMX?
Uno de los cambios más significativos de la reforma política de la CDMX es la creación de un grupo de 204 supervisores del trabajo de los alcaldes.
Se trata de un órgano colegiado equivalente a los cabildos de los municipios, y aunque no ejercerán funciones de administración pública serán quienes aprueben los proyectos de Presupuestos de Egresos de las nuevas alcaldías.
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De acuerdo con la Constitución de la CDMX, este Concejo tendrá 17 atribuciones, entre las que destacan la supervisión de presupuestos y los programas de gobierno por demarcación. Podrán emitir opiniones respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones; revisar el otorgamiento de licencias y permisos, así como solicitar mecanismos de participación ciudadana en caso de que se realicen obras de alto impacto.
Los concejales durarán en su cargo tres años y son asignados por planilla: el 60% será nombrado por el alcalde y el resto se elige con base en la cantidad de votos efectivos que recibieron otros partidos políticos o candidaturas independientes, es decir, por representación proporcional.
Con el paso de delegaciones a nuevas alcaldías, demarcaciones como Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, que tienen hasta 300 mil habitantes, contarán con 10 representantes.
Las demarcaciones con entre 300 mil y 500 mil habitantes –Azcapotzalco, Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza– tendrán 12 concejales, mientras que las que tienen más de 500 mil personas –Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Tlalpan y Cuauhtémoc– tendrán 15.
Coyoacán: el caso extraordinario
El 21 de septiembre pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró nula la elección de Coyoacán en la que resultó ganador el exfutbolista Manuel Negrete, de la coalición PRD-PAN-MC, lo que la convierte en la única demarcación de las nuevas alcaldías con un futuro incierto.
El argumento fue que durante la campaña usaron programas sociales con fines electorales y provocaron violencia política de género contra la candidata de Morena, María Rojo. Tras la anulación, el candidato sancionado tiene derecho a impugnar pero si el Tribunal lo rechaza habrá una nueva campaña y nueva elección.
En caso de que se confirme la nulidad de la elección, el jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva tendrá que enviar una terna para que el Congreso de la CDMX elija a un encargado de despacho para la alcaldía mientras se organiza la votación.
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Además, una vez ratificada la decisión, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tendrá 30 días para convocar a una nueva elección y empezar a decidir tiempos para el registro de candidatos, campañas, posible ampliación presupuestal y si los partidos y candidatos que participaron el 1 de julio serán los mismos que aparezcan en las nuevas boletas.
“Sí se llevarían a cabo campañas dado que en la sentencia del Tribunal dice que se anuló la elección por la violación a principios de equidad y esta afectó directamente la campaña, entonces es lo que se tendría que reponer (…) y si hay campañas tendría que haber recursos públicos”, explicó Mauricio Huesca, presidente de la Comisión de Asociaciones Políticas del IECM.
En caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diera marcha atrás a la anulación y a las quejas por uso de recursos públicos y violencia política de género, Manuel Negrete y su 60% de concejales directos podrían tomar posesión de la alcaldía de Coyoacán y descartar una votación extraordinaria.