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Más compras nacionales y menos trámites: así cambiarán las reglas para adquisiciones y obras del gobierno

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó reformas a las leyes de Adquisiciones y de Obra Pública para agilizar trámites.

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó este jueves las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas, enfocadas en mejorar la eficiencia de las contrataciones gubernamentales, evitar actos de corrupción y fortalecer la economía nacional.

Entre los cambios más relevantes está la incorporación de mecanismos como la subasta inversa, que permite al gobierno obtener mejores precios al invertir la lógica tradicional de licitación: los proveedores compiten ofreciendo el precio más bajo.

También se consolidan herramientas como la adjudicación directa negociada, que busca asegurar mejores condiciones de compra incluso cuando existe un solo proveedor, como en el caso de medicamentos de patente.

“Queremos que no se piense que hay reuniones en lo oscurito”, afirmó Buenrostro, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 10 de abril.

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas tienen como objetivo una mayor trazabilidad, agilizar procesos, así como promover las cadenas productivas del país.

“El objetivo de estas modificaciones es hacer una mayor trazabilidad. Y segundo, agilizar los procesos. Los tiempos de concursos, las formas de los concursos a veces retrasan mucho el poder hacer una obra; y una obra que podía empezar en febrero, por toda la burocracia, acaba iniciando en octubre del año y entonces ya no se pueden ejercer todos los recursos que estuvieron disponibles para la obra”, dijo.

¿Qué cambios se harán a las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas?

Raquel Buenrostro expuso que, con las modificaciones, ahora los diálogos estratégicos con proveedores quedarán formalmente regulados en la ley. Estos se realizarán en casos donde el Estado requiera bienes o servicios inexistentes en el mercado o altamente innovadores.

“En caso de que el gobierno requiera algún servicio, una necesidad que a lo mejor no existe en el mercado, tener una plática muy abierta con potenciales proveedores para explicar cuáles son las necesidades del mercado y desarrollar negocios nuevos, pero de manera muy transparente”, detalló la secretaria Buenrostro Sánchez.

Otro de los pilares de la reforma es el fortalecimiento del contenido nacional en las adquisiciones públicas: se eleva de 50 a 65 el porcentaje mínimo de productos o servicios nacionales en las compras del gobierno, con la intención de fomentar las cadenas de valor internas y reactivar la industria mexicana.

Asimismo, se incorpora un enfoque más incluyente. Se otorgan mayores facilidades a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y cooperativas, a través de anticipos, procesos simplificados, pagos más ágiles y acompañamiento técnico durante las licitaciones. Esto con el objetivo de que el 20% de las compras públicas se realicen a estas pequeñas unidades económicas, una meta que aún no se ha cumplido, según indicó Buenrostro.



¿Qué pasará con CompraNet?

Sobre el sistema CompraNet, se anunció su evolución hacia una plataforma digital propia.

Contará con una especie de “tienda digital” donde los funcionarios podrán adquirir insumos de forma más ágil y sin trabas burocráticas.

Ley de Obras Públicas

En el caso de la Ley de Obras Públicas, la reforma incorpora la figura del supervisor de obra como responsable solidario. Este funcionario deberá garantizar que las construcciones se realicen de forma correcta, sin fallas estructurales, y se convierte en corresponsable en caso de irregularidades.

También se regula con mayor claridad la contratación entre dependencias gubernamentales, una práctica que permitió desvíos de recursos en casos como la llamada Estafa Maestra. Ahora, estos convenios interinstitucionales deberán ser más transparentes, no podrán subcontratar más del 49% de los servicios, y toda la información deberá publicarse en CompraNet.

Otra novedad es la implementación de investigaciones de mercado obligatorias para obras públicas, lo que permitirá al gobierno contar con mejores referencias de costos y condiciones antes de iniciar una contratación.

Las reformas también reducen en un 33% los tiempos promedio de contratación de obras, lo que se traducirá en procesos más rápidos, pero con mayor verificación y transparencia.

Por último, Buenrostro enfatizó que estas modificaciones están alineadas con el Plan México. “Lo que se busca es fomentar las empresas locales para impulsar la economía regional”, afirmó.


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