Más allá de la tipificación del delito de transfeminicidio, el logro histórico de la Ley Paola Buenrostro es el reconocimiento de familia social de las víctimas y de las violencias que viven las identidades trans, coincidieron las activistas Kenya Cuevas y Natalia Lane, coautoras de la iniciativa aprobada por el Congreso de CDMX el pasado 18 de julio.

Se trata de una reforma escrita directamente de la pluma de dos mujeres que vivieron en primera persona la violencia transfeminicida. Kenya es la mejor amiga de Paola Buenrostro, mujer trans trabajadora sexual asesinada el 30 de septiembre de 2016 y cuya historia da nombre a la reforma.

El día del asesinato de Paola, Kenya se encontraba trabajando a unos metros de la escena del crimen en la calle Puente de Alvarado. Desde entonces, ha dedicado su vida a buscar justicia para su amiga y otras víctimas.

“Para mí, este es el principio de esa justicia que siempre esperé en algún momento desde hace 8 años”, cuenta Cuevas en entrevista para Chilango. 

Por su parte, Natalia es sobreviviente de un intento de transfeminicidio. En 2022, un hombre la apuñaló en la nuca mientras ejercía el trabajo sexual en un hotel de la colonia Portales.

“Para mí, era muy importante nombrar las violencias que vivimos las mujeres trans y cómo las condiciones en las que somos asesinadas son muy distintas a las condiciones en la que las mujeres cis son asesinadas”, explica Natalia sobre su aporte a la redacción de la ley.

“Hay características muy particulares que atravesamos las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual, las que están en migración o en situación de calle, en situaciones de violencia o de precariedad. Ese es el perfil de las víctimas de transfeminicidios en América Latina”, cuenta.

Chilango habló con Kenya y con Natalia sobre la forma en que la Ley Paola Buenrostro refleja su lucha, sus vivencias y sus preocupaciones. Pero también sobre el largo camino que falta por recorrer para que víctimas y sobrevivientes accedan a la justicia, así como para combatir de raíz las causas de la desigualdad estructural que viven las mujeres trans.

¿Qué es la Ley Paola Buenrostro?

La llamada Ley Paola Buenrostro es un paquete de reformas que modifican el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. Con ello, se define el transfeminicidio como el asesinato de una mujer trans cometido en razón de su identidad o expresión de género.

Además de crear este nuevo tipo penal, la Ley Paola Buenrostro establece penas de entre 35 y 70 años de prisión para quienes cometan el delito.

Pero más allá del aspecto punitivo y del castigo a eventuales delitos consumados, las activistas que colaboraron en la elaboración de la ley ven en ella otras virtudes:

“El logro es que se contemplen las condiciones específicas en que son asesinadas las mujeres trans y el reconocimiento de la familia elegida; eso me parece valioso más allá de los años de cárcel”, opina Natalia Lane.

Familia social de Paola Buenrostro, autora colectiva de la ley

El gran simbolismo de la Ley Paola Buenrostro radica en que su nombre representa a una y al mismo tiempo a todas las víctimas de transfeminicidio en México. Y también en que es producto de la lucha de la familia social tanto de Paola como de otras víctimas y de sobrevivientes a la violencia transfeminicida.

Paola era una mujer trans trabajadora sexual. Fue asesinada el 30 de septiembre de 2016. Un hombre la subió a su vehículo para contratar sus servicios, pero al percatarse de que era trans, le disparó.

Al respecto, Kenya Cuevas explica que más que su mejor amiga, Paola era su familia social:

“Paola era mi compañera, mi amiga dentro del trabajo sexual. Convivimos a lo largo de 8 años. Veníamos de contextos diversos, pero violentos. Éramos una red. En el trabajo sexual se va creando esa familia social. Ella era parte de mi red: trabajábamos en la misma esquina, escuchábamos los mismos chismes y todo”, recuerda Kenya en entrevista con Chilango.

“Me siento muy orgullosa de que esta ley tenga el nombre de Paola, porque fue el primer caso que se hizo visible, en el que todas las personas se conmovieron”, cuenta Kenya.

Por otro lado, Natalia Lane, quien tras sobrevivir a su intento de transfeminicidio se unió al equipo que formaron Kenya Cuevas y un grupo de legisladores encabezado por el diputado Temístocles Villanueva para impulsar la Ley Paola Buenrostro, recuerda que para que la iniciativa fuera aprobada por el Congreso de la Ciudad de México fue necesaria presentarla hasta en tres ocasiones.

Finalmente, la aprobación se logró el 18 de julio de 2024. Un total de 45 diputados votaron a favor y solo una lo hizo en contra. El decreto se envió al jefe de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

🏛️🏳️‍⚧️El Congreso de la Ciudad de México aprobó tipificar y sancionar el delito de transfeminicidio.

La llamada #LeyPaolaBuenrostro estable en el Código Penal sanciones de entre 35 y 70 años de cárcel. pic.twitter.com/KkLFyl7CmB

— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) August 2, 2024

Al rescate de cuerpos de víctimas

Uno de los aspectos destacados de la Ley Paola Buenrostro es que no se limita a sancionar a los transfeminicidas. También busca evitar la revictiminzación de las mujeres trans asesinadas garantizando la dignificación de sus cuerpos.

Durante la sesión en la que se aprobó la Ley Paola Buenrostro, el diputado Temístocles Villanueva recordó que tan solo en lo que va de 2024 se registraron 10 transfeminicidios en CDMX.

Además, datos del Centro de Apoyo a las Identidades Trans indican que entre 2007 y 2022 fueron asesinadas 590 personas trans en México.

Kenya Cuevas explica que en muchas ocasiones los cuerpos de las víctimas terminan en fosas comunes. Debido a que las mujeres trans sufren el rechazo de sus familias, no hay ningún pariente que reclame sus cuerpos. Además, las autoridades se niegan a entregar los cuerpos a quienes no tienen parentesco. A Kenya Cuevas le tocó vivir esto en carne propia.

“En el caso de Paola, no me querían entregar el cuerpo. Al no tener esta relación biológica, no me daba derecho”, recuerda.

Por lo anterior, como parte de su activismo, Kenya Cuevas construyó dos mausoleos para mujeres trans. Además, hizo un convenio con la Fiscalía de la Ciudad de México para poder resguardar en los mausoleos cuerpos de víctimas de transfeminicidios y crímenes de odio que no fueran reclamados por parientes.

“Desde que mataron a Paola, yo me he encargado de los cuerpos. En cada asesinato en la Ciudad de México yo he sido la que llega como primer respondiente”, explica Kenya.

Se trata de un trabajo que no parece tener fin:

“Desgraciadamente sí se están llenando. Acabo de meter a Joshua, el chico que encontraron muerto en Chapultepec, y también a Trinity, que falleció hace un mes. Entonces, rescaté dos cuerpos el mismo día”, relata para ilustrar la magnitud del problema.

Pero la Ley Paola Buenrostro podría empezar a cambiar esta situación. A partir de la experiencia de Kenya y a través de modificaciones al Código Civil, se establece que la familia social, es decir, las amistades de las víctimas, también podrán reclamar sus cuerpos para sepultarlos con dignidad.

“El reconocer a las familias sociales ha sido el plus de esta ley […]. Da una gran apertura de posibilidades para reconocer la dignidad de las personas y que puedan ser rescatados sus cuerpos, porque es un momento en que ya no se pueden defender por ellas mismas. Creo que es muy necesario que quienes sí vamos a extrañar a esas personas podamos rescatar sus cuerpos“, explica.

Pendiente, justicia para sobrevivientes de ataques transfóbicos

Por otro lado, pese a la aprobación de la Ley Paola Buenrostro, queda pendiente el tema del acompañamiento a sobrevivientes de ataques transfóbicos.

Natalia Lane explica que la reforma no beneficia casos como el suyo, donde el intento de transfeminicidio quedó en grado de tentativa.

“El sistema sigue siendo violento con las víctimas”, afirma. En su caso, las secuelas del intento de transfeminicidio que vivió no solo incluyen el estrés postraumático, también hay detrás un largo camino de tres años de revictimización.

Natalia cuenta que primero las autoridades quisieron clasificar su caso como una agresión. Gracias a su abogada, se logró que se considerara como una tentativa de transfeminicidio. Ahora enfrenta la posible salida de su agresor de la cárcel.

“La jueza federal del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México le concedió el amparo a mi agresor para poder cambiar su medida cautelar de prisión preventiva a arraigo domiciliario. Eso significa que mi agresor podría salir de prisión”, cuenta.

Por fortuna, el sujeto en cuestión cuenta con otras dos carpetas de investigación abiertas por tentativa de homicidio. No obstante, la situación de Natalia ilustra los obstáculos que enfrentan las víctimas en el camino hacia la justicia:

“Al final termina siendo un camino lleno de violencia institucional para las víctimas. Una termina cansada y harta. Llevo casi tres años y no hemos llegado a un juicio, no hemos pasado ni de la etapa intermedia. En mi caso particular, el tema de la ley Paola Buenrostro no tendría consecuencias porque mi carpeta está integrada como tentativa de feminicidio”, explica.

¿Qué sigue después de la Ley Paola Buenrostro?

Aunque resaltan la importancia histórica de la Ley Paola Buenrostro, Kenya y Natalia coinciden en que este es más un comienzo que un fin. Se trata de un punto de partida para generar un cambio cultural que revierta las desigualdades estructurales que enfrentan la comunidades trans.

“Las personas trans somos las más relegadas en nuestros derechos. Desde el momento en que decidimos hacer una transición, perdemos todo: familia, amigos, casa y trabajo. Desafortunadamente, la sociedad no tiene una oferta para nuestra población; siempre hay rechazo y discriminación. Todo esto genera que las mujeres salgan expulsadas a ciertos círculos laborales: el trabajo sexual, el show travesti, labores domésticas, costura, estilismo”, considera Kenya.

“Yo no me puedo conformar, falta mucho qué hacer”, agrega.

En el mismo sentido, Natalia Lane opina que “el verdadero reto está en lo cultural”:

“El tema no solo es agregar causales, agravantes y más años de prisión, sino que esto tiene que venir acompañado de tres cosas que son importantes. Una es el acompañamiento a las víctimas directas, indirectas y sobrevivientes. Hay que fortalecer a la Comisión de Víctimas, la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos local”, propone.

El segundo punto, agrega, es la sensibilización de impartidores de justicia. Esto implica capacitar a policías, ministerios públicos, jueces y magistrados para no revictimizar a mujeres trans en casos de asesinatos.

Y como tercer y último punto, viene el cambio cultural:

“Quizá es lo más difícil. ¿Cómo podemos lograr que la sociedad entienda que los asesinatos de mujeres trans son feminicidios, porque somos mujeres? ¿Y cómo prevenir esa violencia, que puede ir desde un acto discriminatorio, como que te nieguen el acceso al baño, hasta la forma más irreparable, que es el transfeminicidio?”.

En su opinión, las respuestas a estas interrogantes tienen que ver con tres ejes de políticas públicas. El primero es garantizar la empleabilidad y el cupo laboral de las mujeres trans. A su vez, el segundo es garantizar la seguridad de las mujeres que optan por ejercer el trabajo sexual. Y por último, garantizar que las mujeres trans tengan un acceso a la salud integral.