Legalización de la marihuana en México: llegó la hora

Esta es la historia de una transformación política y social que costó un par de décadas, 39 iniciativas fallidas de ley, cinco amparos y miles de personas detenidas. El Senado propondrá una reforma para finalmente contar con la legalización de la marihuana, que ya es aceptada como una medicina, un alimento y un producto recreativo.

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Cuando cursaba la universidad, Miguel López (hemos cambiado su identidad por protección) iba una vez al mes a Tepito para comprar una gran bolsa de marihuana. Se escapaba de clases con un amigo y compraban en una vecindad que funcionaba como expendio, con hombres armados que vendían también otras drogas. Gastaba entre 100 y 200 pesos. Cuando regresaba de una aventura que considera “adrenalínica”, se escondía para fumar. Solo salía del clóset psicoactivo con otros fumadores. Y cuando sus padres lo descubrieron, hace más de 15 años, creyeron que su vida estaba perdida.

Hoy, Miguel López, camarógrafo de 36 años, ya no tiene que ir a Tepito para conseguir cannabis; ahora lo espera en la comodidad de su casa en la colonia Narvarte. Un dealer le lleva aceite de THC (tetrahidrocannabinol), el principal ingrediente psicoactivo de la planta, que escoge de un sofisticado menú que le manda por Telegram. Hay unos siete tipos de índica y sativa (especies de marihuana) como Strawberry, Gelato y Green Crack, que cuestan unos 1,800 pesos. También puede pedir CBD –el otro componente de la planta– o destilado natural. Miguel paga 10 veces más de lo que cuesta una onza de marihuana, pero ahora fuma un producto de mayor calidad junto con su esposa y frente a su hija. La cápsula de un gramo le dura hasta dos meses. La transacción es segura. A veces, su dealerle envía el producto por una app de transporte.

Todavía no es legal, pero en solo unos años la marihuana ha pasado de ser una planta demonizada a un producto cada vez más normalizado, aceptado incluso con un toque de glamur. En barrios céntricos de la Ciudad de México es común ver a personas con vapes –vaporizadores electrónicos– afuera de los bares. Ya se organizan cenas de lujo donde el principal ingrediente es el cáñamo. Madres de todo el país se han unido para cosechar plantas y ayudar a hijos con enfermedades como la epilepsia. Campesinos de las regiones más afectadas por la guerra contra el narcotráfico se plantean cómo entrar a la nueva industria cannábica, y dealers, que durante años han permanecido en la ilegalidad, se imaginan cómo será dejar de esconderse.

El cambio ha sido lento y paulatino. Ha implicado una ardua lucha política y judicial, que empezó con protestas de 10 a 15 personas en los alrededores del Parque México, en la colonia Condesa, y que 20 años después llegó a sentar jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que ahora todos los jueces federales están obligados a otorgar amparos a cualquiera a quien se le niegue el permiso para cultivar marihuana con fines recreativos para consumo personal. Después de casi un siglo de prohibición, el Senado debe presentar una iniciativa de ley este año, siguiendo la propuesta de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

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México se uniría a la ola de países como Estados Unidos, Canadá y Uruguay, y podría convertirse en líder de la industria cannábica a nivel mundial, que tiene un valor de unos 150,000 millones de dólares, según un estudio de Euromonitor. Pero para llegar aquí, a este punto donde se habla de legalización, de oportunidades de negocio, de innovación y de derechos de consumo, se ha transitado por un largo camino de estigmatización, violaciones a derechos humanos, estrategias legales y campañas para cambiar la forma de pensar de un país entero, que tenía consenso en torno a la prohibición. Un país que hace 12 años declaró la guerra contra el narcotráfico, que ha dejado más de 240 mil muertos y 40 mil desaparecidos, mientras que la tasa de muerte por sobredosis de drogas se mantiene en 0.01%, según México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Hasta hace dos décadas, hablar de legalización de las drogas sonaba como un imposible, pero Jorge Javier Romero, profesor, politólogo y activista, ya estudiaba cómo enfrentar la política prohibicionista. Como consumidor de marihuana desde su juventud, consideraba que estaba en su derecho y le parecía una injusticia que sus amigos fueran detenidos y extorsionados por la policía por fumar marihuana y tener el pelo largo. Romero fue de los primeros en hablar al oído de políticos que empezaron a proponer una locura: legalizar, despenalizar, entender las drogas. La marihuana sería la primera. Lo hizo en el año 2000 en la campaña de Gilberto Rincón Gallardo, candidato a la presidencia por Democracia Social. Sin embargo, cada vez que le pasaba una tarjeta para que se pronunciara a favor de la legalización, el candidato la leía, pero bajaba la voz. “A él no le gustaba hablar del tema; para mí era signo de identidad del partido que queríamos crear”, recuerda Romero, uno de los pioneros de la Asociación Mexicana de Estudios del Cannabis, del Colectivo por una Política Integral de Drogas y actualmente de #RegulaciónporlaPaz, una coalición de personas y colectivos que buscan una transformación integral de la política de drogas para la construcción de paz en México.

“La cofradía de los pachecos era pequeña, generaba una enorme fraternidad y sabíamos que se mentía sobre la droga, pero era muy difícil abordar el consumo porque éramos unos apestados”, dice Romero.

Hasta hace un par de años, solo 13% de la población apoyaba la legalización de la marihuana, hoy es más de 43%, según la XVIII Encuesta de Percepción de Inseguridad Ciudadana. Y cerca de 11 millones de mexicanos la han probado al menos una vez. La cannabis es la droga más consumida en México y el mundo, según la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco.

La marihuana, de la cual se han encontrado semillas carbonizadas en tumbas en Siberia que datan del 3000 a.C., ha pasado por siglos de estigmatización política y desconocimiento científico. En la Colonia se le culpaba por la indisciplina de los indios que no se dejaban evangelizar. En el Porfiriato fumar esta hierba se asociaba a una población pobre e indígena. Desde la medicina, se decía que podía causar violencia e inducía a la criminalidad, que provocaba locura, homosexualidad e instintos suicidas y asesinos. Durante la Revolución, la marihuana estaba relacionada con los soldados. En la Constitución de 1917 se habla de “sustancias que envenenan al individuo y degeneran la raza”.

“¿Por qué la sociedad se oponía a la regulación hasta recientemente?”, se pregunta Froylán Enciso, investigador del programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica, y recientemente nombrado secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos de la CDMX. “Por los prejuicios que nos han heredado la moral católica y la ciencia médica equivocada. Tanto la Iglesia como el gremio médico estigmatizaron la marihuana y le echaron la culpa de un montón de problemas de la sociedad mexicana”.

El camino hacia la legalización empezó hace 20 años gracias a activistas y especialistas que han informado a la sociedad sobre los beneficios que habría si se regulan la marihuana y otras drogas. Pero fue realmente hace 12 años, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, que la sociedad civil y la academia buscaron alternativas más serias a una política de seguridad que afecta a los eslabones más bajos de la cadena, como campesinos y consumidores. Regular es mejor que castigar. Pero este puñado de personas se ha enfrentado a un concepto global, donde la mano dura ha sido la solución durante décadas.

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Zara Snapp recuerda cómo sus amigos en Colorado acabaron en la cárcel porque portaban pequeñas cantidades de marihuana cuando eran adolescentes, y cómo su vida cambió por completo al ingresar a un sistema penal del cual era difícil salir. En Estados Unidos se ha multiplicado por 10 el número de personas en prisión por delitos de drogas en los últimos 40 años. En México, 40% de los detenidos por delitos relacionados con drogas tenía menos de 500 pesos en mercancía, según MUCD.

Snapp, una de las personas amparadas para cultivar marihuana e importar semillas legalmente, también vio cómo Veracruz, de donde es parte de su familia, era azotado por la violencia en los dos últimos sexenios. Desde hace más de una década comenzó a trabajar convencida de que una nueva política de drogas era necesaria. Ha organizado el Encuentro Latinoamericano sobre Drogas, el Museo de Política de Drogas, la Semana Psicoactiva y ha estado cerca de la Comisión de Estupefacientes, para que los políticos mexicanos logren entender que la prohibición ha fracasado y que es necesario que el Estado asuma el control del producto, que haya impuestos para la venta y que esa recaudación sirva para campañas educativas y reducción de daños.

Ahora, a través del Instituto Ría, una asociación que genera investigación de alto nivel y propone soluciones innovadoras para mejorar las políticas públicas, organiza el primer Diplomado sobre la industria emergente del cannabis, algo que hace cinco años no podría haber soñado. “Es una prioridad que se regule y, si esto pasa, va a ser otra razón por la que la gente va a visitar la ciudad y habrá más turismo”. Ahora, desde un café en Álvaro Obregón, en la colonia Roma, se imagina un futuro cercano en el que se pueda pedir libremente un latte junto a una dosis de marihuana.

En 2015, cuando SMART (Sociedad Mexicana de Autocultivo Responsable y Tolerante) ganó el primer amparo que permitía sembrar, cultivar, preparar, poseer y transportar cannabis, Aram Barra recibió decenas de amenazas y malos comentarios a través de redes sociales, que lo criticaban por apoyar la legalización de la marihuana. “Quieres matarnos a todos”, le decían. Exactamente tres años más tarde, el 31 de octubre de 2018, cuando salía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su camisa azul marino con la leyenda Cannabis Activist, le sorprendieron los aplausos y cientos de solicitudes de amistad en Facebook e Instagram, así como seguidores en Twitter que lo apoyaban tras haber obtenido el quinto amparo que señala la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo recreativo de la marihuana.

“Para mí eso fue el termómetro de cómo ha cambiado la opinión pública en este tiempo”, dice el también exdirector de Espolea, una de las primeras organizaciones en trabajar el tema de reducción de daños relacionados con el consumo de drogas.

Aunque Barra no era formalmente de SMART, un colectivo de cuatro personas que surgió desde MUCD, sí era parte del grupo de activistas que consideraba que los litigios estratégicos eran la forma de obligar al poder legislativo a regular. Al mismo tiempo, otras organizaciones y expertos como Zara Snapp y Lisa Sánchez, actual directora de MUCD e integrante de SMART, seguían con su labor de cabildeo, concientización y promoción de los derechos humanos.  Entre 2012 y 2015, introdujeron alrededor de 15 iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa y ambas Cámaras, pero ninguna prosperó. En total, se han presentado 39 iniciativas desde 2007. La primera fue de la diputada Elsa García Conde, del Partido Socialdemócrata, quien proponía despenalizar el consumo de marihuana si no excede los cinco gramos.

La vía judicial, por tanto, se veía como una alternativa más eficaz. En 2012, MUCD y el despacho de abogados de Andrés Aguinaco emitieron el recurso para que SMART fuera un club cannábico, pero este avanzaba a paso lento. En aquel entonces, Raúl Elizalde, mejor conocido como “El papá de Grace”, una niña de 10 años con síndrome de Lennox-Gastaut que sufría hasta 400 convulsiones al día, había contactado a Barra, a Snapp y al diputado del PRD Fernando Belaunzarán, para que le ayudaran en su lucha por el uso del cannabis medicinal.

Elizalde abrió la discusión sobre el uso terapéutico de la marihuana en México. Habló ante el Congreso, se reunió con el expresidente Enrique Peña Nieto y consiguió el primer amparo que le permitía importar cannabidiol (CBD) para Grace. “La estrategia fue por varios frentes. De inicio era ‘vamos por el club’, que avanzó, pero se tardó tres años. El caso de Grace vino a desatorar eso porque movió a la opinión pública y la Corte decidió avanzar”, explica Barra. En 2017, el Congreso autorizó el consumo, venta y cultivo de cannabis en México con fines medicinales. Ahora Raúl Elizalde es presidente de HempMeds México, la primera empresa en comercializar, desde Monterrey, medicamentos hechos con cannabis, un mercado que, calculan, tiene un valor de unos 2,500 millones de dólares al año.

Desde 2015, alrededor de 15 personas más se ampararon por su derecho a consumir marihuana como parte del desarrollo de su personalidad. Los litigios estratégicos abrieron el camino a la próxima legalización de la marihuana, un cambio esperado por gran parte de la sociedad civil durante años. Con el quinto amparo otorgado a Aram Barra, se creó la jurisprudencia que permite que cualquiera que desee cultivar marihuana podrá solicitar un permiso para hacerlo legalmente y consumirla de forma legal con fines recreativos; si este permiso se le niega (lo cual ocurrirá), tendrá que acudir por medio del amparo a solicitar la correspondiente autorización. Esto no quiere decir que todos podemos tener una planta en casa sin consecuencias legales, hay que ampararse para poder hacerlo.

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Este precedente judicial hizo que avanzara la iniciativa de la exministra Olga Sánchez Cordero para la legalización controlada de la producción, consumo y comercialización de la marihuana, presentada ante el Senado el pasado 8 de noviembre. Su propuesta prevé el cultivo de hasta 20 plantas, permisos para cooperativas sin fines de lucro, esquemas para el uso científico, comercial, terapeútico e industrial de la planta, y la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, un órgano descentralizado encargado de regular, reglamentar, monitorear, sancionar y evaluar el sistema de regulación del cannabis. La iniciativa fue presentada y turnada a comisiones y está en la agenda legislativa de este periodo. Ahora corresponde a los senadores proponer modificaciones y mandarla a la Cámara de Diputados para su aprobación. Sin embargo, ha habido poco eco sobre este tema, opacado por asuntos como la Guardia Nacional que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay una fecha concreta para que la legalización de la marihuana se convierta en realidad.

“No veo que la mayoría de Morena haga nada si López Obrador no les dice que avance, y no veo que él sea realmente partidario, sino más bien es un tema que le resulta molesto”, considera Jorge Javier Romero.

A pesar de los avances, López Obrador aborda todavía el tema de las drogas desde una política prohibicionista y no como una cuestión de consumo responsable y reducción de daños. A mediados de febrero anunció una campaña nacional de lucha contra las drogas. “El problema de la inseguridad y la violencia lo podemos evitar si evitamos que siga creciendo el consumo”, dijo.

Senadores como Jesusa Rodríguez plantean convocar nuevamente a foros abiertos –aunque ha habido muchos a lo largo de este proceso–, entre los que se pretende traer a especialistas, cultivadores, consumidores, víctimas y demás afectados por la política prohibicionista.

“Nos interesa escuchar a la sociedad porque es un tema complejo, de mucha importancia, y hacer las modificaciones que la sociedad propone. Ya hay una iniciativa planteada y mucha historia detrás, pero para llegar a la recta final tenemos que escuchar qué ha pasado en otros países, porque este es un tema que tiene que ver con la seguridad nacional”, comenta la senadora.

Desde que se publique una ley, que según los optimistas puede ser este mismo año, todavía puede pasar un par más para tener un mercado regulado. En Uruguay tardaron más de un año en echar a andar el proyecto después de su aprobación. Canadá, a pesar de su experiencia en el mercado medicinal, ha tenido diferentes retos y México tiene que encontrar su propio esquema.

La sociedad civil, a través de #RegulaciónporlaPaz, espera que la ley apoye principalmente a comunidades que han sufrido los efectos de la erradicación de cultivos y la prohibición, a través de microempresas o cooperativas para cultivar y vender. Justicia social en la repartición del mercado. “Nos preocupa muchísimo cómo se dieron los permisos en el tema medicinal en la última administración”, dice Zara Snapp. “Cuando una empresa tenía el permiso, una canadiense lo compraba. Queremos asegurar que hay una industria mexicana que puede desarrollarse y competir a nivel internacional, pero primero debemos generar un conocimiento y una conciencia de esa industria”, agrega.

A medida que la legalización se empezó a ver como una realidad, hombres de traje y corbata, financieros y personas con distintos expertises se acercaron al Instituto Ría por la oportunidad del negocio. Su primer diplomado sobre la industria del cannabis, en el que participarán 25 emprendedores, se enfoca en las prácticas de cultivo y permacultura, así como en la administración de empresas de marihuana. En el mundo legal, podrá haber comunidades que planten cáñamo para hacer papel o tubos de plástico y que se asocien con empresas privadas o incluso estatales como Pemex. La legalización presenta un nuevo futuro. Una oportunidad solo visible sin el prohibicionismo.

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En 2011, Jorge Treviño era fotógrafo en Cabo San Lucas cuando escuchó hablar por primera vez del cáñamo, un tipo de cannabis abundante en CBD que no tiene efectos psicoactivos y se usa con fines industriales. Recordaba que el papel de la Constitución de Estados Unidos estaba hecho de este material, así como las cuerdas de los barcos y algunos textiles, pero hasta entonces creía que la marihuana y el cáñamo eran lo mismo y que, por tanto, su uso estaba prohibido. Al investigar un poco más, se enteró de que el aceite de cáñamo era un alimento que no existía en México, que era muy saludable y que importarlo era legal. Así que creó Be Hemp!, una empresa dedicada a la importación y distribución de productos naturales, principalmente polvos y aceites de cáñamo.

A medida que Estados Unidos y Canadá empezaron a legalizar el cannabis, surgió una ola de la marihuana dentro de la industria y la cultura del bienestar. Lejos de su estigmatización, diferentes empresarios y académicos empezaron a ver sus múltiples beneficios. En su ensayo Fenomenología de las Drogas, el académico español Antonio Escohotado recuerda cómo en África y Oriente, desde la antigüedad, se le adjudicaban propiedades utilizadas para un sinfín de cosas: insomnio, disentería, lepra, caspa, males de ojo, enfermedades venéreas, jaquecas, tosferina, oftalmia y hasta tuberculosis, “además de ser considerada un tónico cerebral, antihistérico, antidepresivo, potenciador de deseos sexuales sinceros, fuente de coraje y longevidad”. En el siglo XXI, con su aceptación como planta, esos beneficios volvieron a ser tomados en cuenta y ahora la marihuana se usa en varias partes del mundo como una planta curativa, utilizada para meditar y dormir, en cocteles con CBD, en gomitas que no afectan la concentración, como aceite para el tratamiento del cáncer y la epilepsia, o simplemente como un producto de esparcimiento y relajación.

Treviño vio una oportunidad de negocio con las semillas de cáñamo, que son un superfood, libre de gluten y alérgenos, llena de proteínas y nutritiva en vitaminas y minerales. En cientos de tiendas naturistas se venden sus productos como una alternativa sana. Ahora su empresa es una de las seis compañías mexicanas que formaron la Asociación de la Industria de Cannabis en México, la cual busca hacer crecer el sector y que más personas tengan acceso a productos provenientes del cannabis. Actualmente, la Cofepris ha aceptado unos 68 productos con cannabis.

Existen unas 20 empresas que importan cáñamo, pero actualmente está prohibida su plantación en México. Con la legalización, se podría detonar una gran industria diversificada que beneficie al campo mexicano.

Marlboro y Constellation Brands (productor y distribuidor de Grupo Modelo) ya tienen inversiones millonarias en el mercado de la marihuana en Estados Unidos y Canadá. En Silicon Valley, el cannabis es innovación. Ya existe Eaze, el “Uber de la marihuana”, que reparte el producto a domicilio. Microsoft planea asociarse con la startup Kind para crear un software para etiquetar, catalogar y seguir las plantas desde el cultivo hasta el punto de venta. La empresa Hound Labs desarrolló un dispositivo que detecta y mide los niveles de THC en el aire y podría ser utilizado como una especie de alcoholímetro para regular a los consumidores. Founders Fund es un laboratorio dedicado a la investigación de cultivos de marihuana, Defonce Chocolatier produce chocolate con marihuana medicinal y Plus hace chicles y caramelos con cannabis.

Una vez legalizada, las opciones son infinitas. Pero lo más importante, según los expertos, es aprender de las industrias activas de otros países para no tener la mismas complicaciones de Estados Unidos y Canadá, que se enfocaron en el empresario y el consumidor, y dejaron de lado al campesino.

Desde hace años, Alberto Kuri tiene dispensarios en California, edificios de cultivo y laboratorios para procesar marihuana y tener comestibles. Aunque está interesado en ser parte del negocio en México, su mayor preocupación es que los campesinos pasen a la legalidad y sean parte de la nueva industria, al generar proyectos de aprovechamiento de cáñamo y con el que puedan tener negocios de textiles, construcción, medicina y alimento.

Hace unos años comenzó a trabajar con campesinos armados en la zona costera de Guerrero y Michoacán, quienes no tienen oportunidades de trabajo, son perseguidos por los comunitarios y viven en un rezago terrible. “Quiero ver cómo hacer un negocio para ellos y tener mecanismos de apoyo porque quieren cambiar su forma de vida”, señala Kuri. “Están dispuestos a entregar armas si el gobierno está dispuesto a darles alternativas y cambios. No hay que olvidarnos de esta situación en el país. Regulamos solo para que unos empresarios y consumidores sean beneficiados y olvidamos a los campesinos”.

En la Ciudad de México, mientras tanto, muchos esperan ver en papel una ley que no saben a ciencia cierta en qué consistirá. Incluso, para quienes necesitan marihuana medicinal, la ley actual es insuficiente y los mantiene en un vacío legal para sus tratamientos. Necesitan la legalización total del cannabis para cultivar sus productos con tranquilidad.

Margarita Garfias es una de ellas. Desde hace cinco años necesita de THC y CBD para tratar la epilepsia de su hijo Carlos, de 15 años, quien desde su primer año de vida genera resistencia a todos los medicamentos. En 2014, vio un reportaje en CNN en el que se hablaba del cannabis como una alternativa. Cuando pasó lo de Grace, Garfias fue de las primeras en aplicar a su hijo un aceite alto en CBD, pero Carlos hizo tolerancia a los ocho meses y volvió a tener convulsiones. Cada mes tenía que ser internado para que le hicieran una transfusión para fortalecer su sistema inmune. Garfias comenzó a investigar y a utilizar otro tipo de cepas para ayudar a su hijo. Se unió a Mamá Cultiva, una agrupación de madres que utilizan el cannabis medicinal como tratamiento contra el cáncer, la epilepsia y otras patologías. Así descubrió que Carlos necesitaba más THC para sentirse mejor. Hace año y medio que no ha hecho tolerancia.

“Pero todavía todo es ilegal. No existe un reglamento que permita la importación libre, distribución y venta de estos productos. Se lo han pasado por el arco del triunfo. Solo hay importación para uso personal”, cuenta Garfias, quien trabaja como activista en defensa de las personas con discapacidad.

Para obtener cannabis medicinal, Garfias tenía que conseguir una receta, ir a Cofepris, esperar una resolución, pedir el permiso de importación y pagar al agente aduanal entre 7,000 y 12,000 pesos para traer un frasco de CBD puro de 350 mililitros que su hijo se acababa en un mes. Debido a las trabas burocráticas, muchas veces iba a Estados Unidos y lo traía escondido en su maleta. “Nos obligaban a traficar para defender la salud de nuestros hijos”, dice esta madre, quien considera encontrarse en un exilio médico ilegal.

Ante este panorama, Margarita Garfias es una de las decenas de personas que se amparó hace cuatro meses para poder cultivar, pero asegura que es indispensable que la ley entre en vigor. “La realidad ha superado a la legalidad”, considera. Actualmente cultiva en su casa cuatro plantas y gasta unos 1,500 pesos anuales en un tratamiento que le dura todo el año. Garfias cree que es hora de entender las posibilidades que hay detrás del cannabis, que deje de ser visto como una droga y se reconozca como parte del derecho a la salud.

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