Desde hace 33 años, casi cinco mil metros cuadrados del Bosque de Chapultepec están envueltos en una disputa legal. La razón: una inmobiliaria quiere construir un condominio de departamentos y ahora un juez abrió la puerta para conseguir su cometido.
Ante ello, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, una vez más se alzó a la defensa del pulmón verde más grande de la Ciudad de México. En conferencia de prensa, la mandataria levantó la voz contra la resolución que obliga al Congreso capitalino a cambiar el uso de suelo en esta zona, cerca de la tercera sección.
“¡Esto no puede ser! Es un tema que nos llama a todos a reaccionar, no podemos dejarlo pasar. Es un juicio que cuenta con actuaciones judiciales irregulares y que prácticamente legaliza o trata de legalizar la corrupción del patrimonio inmobiliario”, expresó este miércoles 9 de abril, durante la presentación del pabellón de la CDMX para el Tianguis Turístico de 2025.

Brugada Molina aseveró que la resolución es “gravísima”. Indicó que, a su consideración, el juez se ha extralimitado con su determinación al darle la razón a la inmobiliaria Trepi S.A de C.V para reclamar el predio ubicado en la calle Montes Apalaches 525, en Lomas de Chapultepec.
“Ordenan la restitución de un uso del sueño que nunca ha tenido ese lugar, que ignora el valor ambiental y que destruiría un espacio que alberga 45 especies de aves, dos de ellas en categoría de riesgo”, sentenció.
Clara Brugada resalta presión sobre el Congreso de CDMX
Clara Brugada aseveró que el juez vulnera la división de poderes y la autonomía del Poder Legislativo. Esto porque los legisladores han sido arrinconados, ya que, si no votan para quitar el uso de suelo a esta sección del Bosque de Chapultepec, podrían recibir una cuantiosa multa o quedar inhabilitados.
“Nadie puede obligar a los diputados y diputadas a votar para favorecer intereses inmobiliarios en contra de la naturaleza y de la ciudad”, mencionó Clara Brugada.
Reconoció que hay que impulsar el desarrollo inmobiliario, ya que representa un sector importante para la economía de la Ciudad de México. Sin embargo, insistió que no se debe permitir la construcción de viviendas en el bosque urbano más grande de América Latina.

“Manifestamos nuestra firme decisión de defender el bosque y evitar que una resolución judicial, viciada de origen, vulnere nuestro principal bosque urbano de la Ciudad de México”, concluyó.
Su discurso de defensa sucedió durante la discusión del Congreso de la CDMX para atender el nuevo llamado del juez. Pese a la presión, 61 de los 66 legisladores votaron en contra de quitar el uso del suelo a los casi cinco mil metros cuadrados del Bosque de Chapultepec.
¿Cuál es la disputa en el Bosque de Chapultepec?
La disputa legal desde hace más de tres décadas es por una superficie de casi 4,799 metros cuadrados del predio localizado en Montes Apalaches 525. Esta área fue declarada de utilidad pública bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica y se expropió a favor de la Ciudad de México en junio de 1992.
Sin embargo, siete años después, en 1999, la inmobiliaria Trepi S.A de C.V solicitó la reversión de esta expropiación para ponerla en su posesión argumentado que dicha zona “se encuentra en total abandono, con mucha basura y escombro de material de construcciones, poblado de árboles y maleza, con troncos secos, cercado con malla ciclónica y que se encuentra en una zona totalmente urbanizada…”. En pocas palabras, que nunca se cumplió con la utilidad pública que justificaba la expropiación.
La discusión de quién se queda con esa fracción del Bosque de Chapultepec ha pasado por diferentes momentos legales, pero volvió a generar controversia el año pasado, ya que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México envió una sentencia que manda al Congreso capitalino cambiar el uso de suelo de área verde a uno “habitacional con restricciones”.
La sentencia, dictada en agosto de 2024, también ordenó poner en posesión de Trepi el predio en el estado en que se encontraba y gozando de todos y cada uno de los derechos que tenía con anterioridad a la expropiación a la cual se le sujetó.
Durante meses, los legisladores consiguieron aplazar la discusión. Sin embargo, el pasado 4 de abril, el juez cuarto desechó una queja que interpusieron los diputados para no cambiar el uso de suelo y apercibió al Congreso cumplir con su sentencia.