Por Mtra. Carla Luisa Escoffié Duarte*

El Centro Tlatelolco, el Multifamiliar Miguel Alemán, la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo y otros espacios de la CDMX son memoria de una época en la que el Estado mexicano construía vivienda social densa y de proximidad. No era perfecta. La mayoría del país no podía acceder a ella. Muchos de esos proyectos eran para trabajadorxs gubernamentales. Pero, con todo y todo, en aquella época estaba entendido que invertir en vivienda para la clase trabajadora era una responsabilidad del Estado mexicano.

En los últimos años el tema de la vivienda ha adquirido mayor atención. Desde hace dos décadas, el porcentaje de población propietaria a nivel nacional ha disminuido y la capital federal no es la excepción. Entre el 2000 y el 2020, en CDMX la población propietaria de la vivienda que habita disminuyó 11.12% (INEGI).

No es que antes hubiera una situación idílica, pero es evidente que hay un cambio significativo en los últimos 50 años. Por un lado, hace falta construir vivienda.

La Ciudad de México es la entidad con menor porcentaje de vivienda nueva, con un 3.4%; 5.8 millones (el 16.4%) son rentadas. Sin embargo, la mayor demanda es por vivienda económica, según el informe “Situación Inmobiliaria 2023” de BBVA. No se trata de construir cualquier cosa sino construir para los sectores que tienen más obstáculos.

Además, fenómenos como la turistificación han disminuido la vivienda de arrendamiento disponible, mientras que los desalojos forzosos —es decir, arbitrarios y contrarios a derechos humanos— son un problema cotidiano, desde que a principios de los 2000 el entonces Relator del Derecho a la Vivienda de las Naciones Unidas externó su preocupación por esta problemática. Ni hablar de los problemas que enfrentan las personas con la administración de justicia a la hora de proteger sus hogares.

El 14 de febrero de 1972, una reforma constitucional dio origen a lo que hoy conocemos como el INFONAVIT y el FOVISSSTE. Una década después, el 7 de febrero de 1983, la constitución se reformó para incluir de manera expresa el derecho a la vivienda digna en su artículo 4. Estos dos momentos son clave para entender la evolución de la política de vivienda en el país, sobre todo en su contexto histórico.

Por aquellas décadas, en América Latina voces como Hernando de Soto planteaban la hipótesis de que el problema de la pobreza era un problema de títulos de propiedad. Se decía que, al no tener un título de propiedad, la gente no podía acceder a créditos y préstamos bancarios para mejorar su condición de vida. Estos discursos apostaban a un “país de propietarios” por lo que los esfuerzos del Estado Mexicano se centraron en regularizar tierras de asentamientos precarios y otorgar créditos públicos a lxs trabajadorxs para que se volvieran propietarixs. 

No es casualidad la forma en que fue redactado el reconocimiento del derecho a la vivienda en el artículo 4 constitucional. Casi todos los derechos en nuestra constitución tienen como destinatario a toda persona: “toda persona tiene derecho a la salud”, “toda persona tiene derecho a la educación”, entre otros. Sin embargo, el de vivienda es el único que está destinado a “toda familia”. La idea era que si un trabajador adquiría un crédito INFONAVIT iba a poder adquirir vivienda, por lo que el derecho de su familia (tradicional) estaría garantizado. 

Las políticas de vivienda en los 1970

A partir de los 70, los proyectos multifamiliares dejaron de ser prioridad. Simultáneamente, la población de Ciudad de México se incrementó significativamente, sobre todo por olas migratorias. En 1987, el Programa de Desarrollo Urbano del entonces Distrito Federal dividió lo urbano y lo no urbano. A decir de Adrián Guillermo Aguilar y Guillermo Olvera L., eso generó una “política más rígida y sistemática de desalojos” en asentamientos informales o precarios. 

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hubo una serie de reformas en materia agraria y de planeación urbana, cuyo efecto fue una disminución en la rectoría del Estado. El diseño de ciudades y la producción de vivienda quedó cada vez más en manos del mercado. El Estado pasó a ser gestor y facilitador, orientando las decisiones en materia de derecho urbano a la potencialización del mercado inmobiliario y no a la redistribución del suelo y el acceso equitativo.

Vicente Moctezuma Mendoza ha señalado que en esa década se promovieron reformas orientadas a los derechos de propietarixs de viviendas, que facilitaban desalojos y aumentos del alquiler. Esto coincidió con un proceso de gentrificación que priorizaba el uso comercial del Centro Histórico, generando fuertes intereses para remover habitantes de esa zona, como ocurrió con el barrio Regina entre 1990 y 2010 (Patricia Olivera y Víctor Delgadillo. Op. Cit., nota 210, pp. 125 y 126). 

En el 2000, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación del polémico Bando 2. Como señalan María Teresa Esquivel Hernández y René Flores Arenales en su “Análisis e implicaciones del Bando 2, en la distribución de la población metropolitana”, esta normativa frenó la pérdida de población en delegaciones céntricas, pero generó encarecimiento y una expulsión masiva de población hacia las periferias. La exclusión territorial en la Zona Metropolitana del Valle de México no fue generada por el Bando 2, pero su impacto es determinante para comprenderla, como aseguran las autoras.

En 2003, el entonces Relator Especial sobre una vivienda adecuada de la Organización de las Naciones Unidas, Miloon Kothari, emitió un informe con hincapié en la preocupación por la cantidad de desalojos realizados anualmente en la Ciudad de México.

Según datos de las propias autoridades de la CDMX, antes de la pandemia por COVID-19, solo en la capital federal se realizaban un promedio de 3,000 desalojos anuales (Gobierno de la Ciudad de México. Respuesta a la Solicitud de Acceso a Información Pública con folio 0109000065419, emitió el Oficio No: SSC/DEUT/UT/1951/2019, 1 de abril de 2019). Con la pandemia dio inicio al fenómeno que mediáticamente se ha conocido como “nómadas digitales”: personas extranjeras buscando trabajar a distancia por los costos, para ellxs accesibles, de la CDMX, lo cual generó un nuevo capítulo en esta larga historia. 

¿Cómo llegamos aquí? La historia es menos lineal de lo que parece. No obstante, podemos identificar que en los últimos 50 años ha habido un cambio de paradigma en el que la vivienda como un objetivo social fue reemplazada por la vivienda como una propiedad inmueble. La priorización de los créditos y la regulación de tierras dejó a un lado alternativas como la construcción de vivienda social, la vivienda pública de arrendamiento o el impulso a las cooperativas de vivienda. El tema habitacional es un tema de mercado y el Estado un mero facilitador de las alternativas priorizadas por privados.

Por supuesto, el panorama es más complejo. La Ciudad de México cuenta con una regulación urbana deficiente, sin bancos de suelo y con obstáculos para construir vivienda económica. El precio de los materiales y los salarios bajos también son un factor relevante, así como el déficit de vivienda que falta por construir. Otro motivo es la especulación y la lógica del mercado que impera en la producción de vivienda, así como la presencia de un Estado que apenas empieza a reconsiderar su función como un garante de alternativas sociales de adquisición de vivienda. Ni hablar del poco interés que hay entre las y los legisladores para adecuar la legislación en materia de arrendamiento.

Estamos en un momento de gran relevancia. La carencias y omisiones en la Ciudad de México se hacen cada vez más evidentes, generando mayor angustia y preocupación, sobre todo entre jóvenes y adultxs mayores. Pero también nos encontramos en un momento en el que el tema de la vivienda recupera un peso mediático que puede dar pie a exigencias políticas.

*Carla Escoffié es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia. Con más de 10 años de experiencia en litigio de derechos humanos, es autora de los libros El derecho a la vivienda en México: derechos homónimos (Tirant lo blanch 2022) y País sin techo (Penguin Random House 2023). Síguela en @carlaescoffie.