Las demandas interpuestas a la gestión de
Cuevas no se quedan ahí. El propio Selvas, con quien Cuevas trabajó durante la
campaña, la demandó. Panista desde 2000, Selvas conoció a Gabriela cuando ella
llegó a la Cámara de Diputados para suplir a César Nava. Tras coordinar la
campaña del IV Distrito (Martín Carrera) que ganó Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez,
Cuevas le pidió a Selvas en 2003 que le llevara su campaña como diputada local,
y él no aceptó. Pero a mediados de ese año recibió una llamada que no pudo ignorar:
«Santiago Creel (entonces secretario de Gobernación) me dijo: "me interesaría
mucho que sí apoyes a mi amiga Gabriela. Necesita un buen abogado y quiero que
estés ahí, si no tienes inconveniente". No pude decir que no», recuerda Selvas,
quien se convirtió no sólo en el coordinador de campaña de Cuevas, sino en
operador de otras acciones de la ex delegada. En abril de 2005, Cuevas denunció
que «a su abogado Enrique Selvas lo han amenazado de muerte», según declaró a
Reforma. Eran los días en que se buscaba el desafuero de Andrés Manuel López
Obrador, por el caso El Encino. Cuevas ganó notoriedad en los medios tras pagar
la fianza del jefe de gobierno perredista, «para desenmascarar al señor López,
para demostrar que está obsesionado con salir en una foto encarcelado», afirmó
Gabriela Cuevas. «Yo fui el de la idea de que pagara la fianza -declara
Selvas-, también le hice las dos acciones de inconstitucionalidad; las tres
iniciativas de Ley… Mi casa fue casa de campaña (de Cuevas) y todo operaba
desde ahí. Teníamos una relación de amistad muy cercana, de mucha confianza.»
Sin embargo, había un
trato que Cuevas estaba aplazando: para que él aceptara ser su coordinador de
campaña, ella le había prometido el cargo de director general Jurídico y de
Gobierno, promesa que no había cumplido. El cargo lo ocupaba Pablo Reyes Reyes
«por presiones del partido», argüía la delegada, según Selvas.
La gota que derramó el
vaso fue la verificación y clausura del Bar Nisha, en Palmas 810. Al día
siguiente, tras el cierre del lugar, en una nota del diario Milenio del 1 de marzo de 2007 con la cabeza «Destituyen a 10
funcionarios corruptos en Miguel Hidalgo», Cuevas acusó al personal de Selvas
de cohecho y extorsión debido a que era Selvas el encargado de esos operativos.
Esa fue la ruptura: Selvas renunció con todo su equipo: «Hubiera preferido que
me acusara de inepto o irresponsable, pero de corrupto…» Selvas convocó a
medios para mostrar documentos con la firma de Reyes pidiendo la nulidad de la
verificación y evitar el cierre del antro reportado como «irregular». Reyes no
lo negó, era su firma, pero decía que había sido el mismo Selvas quien le había
pedido que lo hiciera. Los titulares del 2 de marzo coincidieron: «Guerra de
demandas en Miguel Hidalgo».
En enero de 2009 Selvas
y ocho de los exempleados de la delegación demandaron civilmente a Cuevas por
daño moral y difamación, pues «como autoridad no puedes señalar a alguien de
corrupto y no levantar una denuncia penal que lo sustente». De ganar Selvas y
su equipo, recibirían alrededor de 8 mdp y podrían pedir cárcel para la ex
delegada. La Comisión de Derechos Humanos del DF también emitió una
recomendación a la demarcación que el actual delegado Demetrio Sodi tendrá que
ejecutar: ofrecer disculpas públicas por estos hechos.