El domingo 22 de febrero de 2009 poco más de
70 vecinos de Polanco realizaban un picnic en el camellón de Ferrocarril de
Cuernavaca. Celebraban la suspensión por parte de la Secretaría de Protección
Civil del DF del deprimido vial que construía la delegación Miguel Hidalgo en
el cruce de esa avenida y Ejército Nacional. La entonces delegada, Gabriela
Cuevas, impulsaba su construcción a pesar de tener en contra a los vecinos y a
la dependencia del Gobierno capitalino, quienes señalaban que la construcción
era peligrosa, pues por debajo de la zona pasaban ductos de Pemex. La obra,
adjudicada a la empresa Desarrollo Urbano Integral, nunca inició formalmente,
pero el costo total de las obras ascendería a poco más de 165 mdp. Así que,
para que iniciara la edificación del deprimido, la demarcación entregó a la
empresa constructora 40.23 mdp como anticipo. Ese dinero nunca regresó al
presupuesto aprobado para la Miguel Hidalgo y la disputa por él se encuentra ya
en el ámbito legal.


Ante la suspensión de
la obra, la delegación decidió el 30 de junio de 2009 dar por terminado el
contrato con Desarrollo Urbano Integral. Sin embargo, la constructora decidió
no firmar el convenio de terminación anticipada por considerar que los gastos
que había realizado -compra de material, renta de equipo y resguardo del mismo-
por poco más de 45 millones de pesos no iban a ser recuperados.


En este punto Gabriela
Cuevas ya no estaba en la delegación: había solicitado licencia a su cargo el 2
de abril para competir en las elecciones de julio por una diputación federal,
por lo cual había dejado al delegado interino, Alfredo Vinalay, la
responsabilidad de resolver el problema. De acuerdo con el estudio realizado
por la consultora TAO y Asociados, encargada de la auditoría, la obra no
contaba -al menos no en el expediente que Cuevas dejó a Vinalay- con estudios
de impacto social y ambiental, certificados de uso de suelo o la constancia del
propiedad del predio. Sin estos documentos, la administración de Cuevas
incurría en violaciones a las leyes de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas.
La obra tampoco tenía proyecto ejecutivo, la base para construir cualquier
obra. Tampoco se encontraron folios que demostraran que existía un presupuesto
base para la ejecución de los trabajos que llevaría a cabo la empresa
Desarrollo Urbano Integral. Los funcionarios involucrados en la falta de los
mismos, como el entonces director de Obras, Jaime Arturo Tepichin, o Alejandro
Guerrero Palma, entonces jefe de la unidad departamental de Concursos,
Contratos y Estimaciones, podrían ser sancionados por incumplir la Ley Federal
de Responsabilidades de Servidores Públicos.

Ante estas omisiones,
la resolución de TAO es que la edificación ni siquiera debió haber comenzado,
que la delegación «estuvo en riesgo de comprometer recursos financieros no
existentes e incluso en la desviación de los mismos». También afirma que la
fallas en la recopilación de la documentación «da pie a presuponer que la
adjudicación del contrato se dirigió a favor de un contratista». El estudio que
realizó la empresa a todas las obras realizadas en la gestión de Cuevas señala
que, de los procedimientos de adjudicación directa entre 2006-2009, 58% tienen
incumplimientos presupuestales, 31 % presentan incumplimiento en cuanto a procedimientos
y 19% en cuanto a lo jurídico.

Sobre el anticipo de
40.23 mdp, Demetrio Sodi, actual titular de Miguel Hidalgo, comentó en una
comparecencia ante diputados locales en la Asamblea Legislativa del DF el 28 de
enero pasado, que la constructora justificó gastos por 3.4 mdp directos, y que
el resto se destinó a contratos con otras empresas para adquisiciones de equipo
y materiales. «La delegación procedió legalmente a exigir la devolución del
dinero a la empresa y si esta se negaba, solicitaría la fianza a la empresa
Sofimex, quien respalda dicho capital», señaló.

En entrevista Sodi
señala: «Solicitamos la devolución y la empresa se negó a hacerlo. Dijeron que
habían llevado a cabo compra de materiales, gastos, anteproyecto. No tienen
nada, no hicieron nada, no tienen forma de justificar un solo peso de los 40
millones, pero se niegan a devolverlos».

-¿Ya se pidió el pago a
la afianzadora?

-Sí, aunque seguramente
ellos se van a inconformar y habrá un largo proceso jurídico, como de dos o
tres años, para poder recuperarlo. Ese dinero nunca debió entregarse, porque ya
estaba la obra suspendida prácticamente. Es muy probable que les dieran el
dinero después de que la secretaría de Protección Civil y del Medio Ambiente
paró la obra.

-¿Haber entregado ese
dinero es legal o había un impedimento?

-Administrativamente se
podía entregar porque ya había un contrato con la constructora. Pero uno como
funcionario público, que maneja recursos públicos, debe ser muy cauteloso.

-¿Ha habido diálogo con
la empresa constructora?

-Sí, ya no lo estamos
viendo porque se cerró al diálogo y no quiso negociar. Ya pedimos apoyo a la
Secretaría de Obras del DF y ellos están viendo la parte legal.

-¿Si este dinero no se
pudiera recuperar habría alguna acción administrativa o legal contra algún ex
funcionario de la delegación?

-Son dos eventos:
nosotros estamos viendo la parte jurídica para recuperar el dinero, y la
Contraloría del GDF está viendo la parte de la responsabilidad de los
funcionarios. Ellos son los que van a juzgar si los funcionarios actuaron bien
o mal.

-¿Qué se podría hacer
con esos 40 millones de pesos?

-Dejo las escuelas de
la delegación de primer mundo, hago una transformación radical del (deportivo)
Plan Sexenal o un programa muy intensivo de reencarpetamiento. Ese monto es un
20% del presupuesto anual de obras.