Apenas cuatro metros…
Eso mide la entrada a la cerrada Rubí, un pequeño callejón de la colonia Valle Escondido, donde varias familias tienen su vivienda. Cuatro metros que apenas permiten el ingreso de pipas de agua, camiones de gas o cualquier otro proveedor de servicios básicos; ni hablar de un carro de bomberos.
Aún con paso libre, en caso de un desastre, las cerca de 30 familias que habitan el lugar quedarían atrapadas por el paso estrecho. Esto, sin embargo, no fue impedimento para que se planeara un megaproyecto al fondo de este callejón.
Lo que los desarrolladores y las autoridades no vieron resultó obvio para los vecinos cuando se enteraron del proyecto: si llegara a concretarse, la mayoría de los habitantes podrían quedar sin agua, tendrían un sistema de drenaje insuficiente y se verían atrapados en un embotellamiento perpetuo. Y aunque la delegación y otras instancias intentaron revelar lo menos posible, los vecinos lograron recabar suficiente información para entablar una demanda.
Eso fue en septiembre del 2013, aunque desde un año antes el Sistema de Aguas de la Ciudad de México había determinado que la falta de presión y fuentes de abastecimiento hacían inviable la obra. Hace dos años, Protección Civil diagnosticó el sitio como de “Alto Riesgo”, no sólo porque la calle no puede contener tantos vehículos o por el tema del agua, sino porque debajo existen cavernas naturales que, de un momento a otro, pueden hundirse. De ambos dictámenes, Chilango tiene copias.
Basta recorrer la calle para entender que el problema sigue vigente. De las fachadas de las casas cuelgan mantas que rechazan la construcción: «Carecemos de servicios básicos», «No a la construcción en Rubí 38», «¡Basta de corrupción!» ,«No a 530 viviendas más».
Más de 400 viviendas de interés social…
Eso es lo que el Instituto Nacional de la Vivienda del Distrito Federal (INVI) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) permitió al otorgarle un permiso y recursos a Grupo Promotor Entorno S.A. de C.V, la desarrolladora inmobiliaria que planea construir en la calle Rubí #38, mediante la aplicación de la llamada “Norma 26”, que impulsa la construcción de vivienda de interés social en suelo urbano.
foto: Antonio Sánchez
En teoría, estos departamentos deberían ser accesibles para familias de ingresos limitados; sin embargo, otros edificios que se han construido en la zona se completaron bajo la misma norma y ahora venden espacios a precios imposibles de pagar para una persona de escasos recursos.
Ante la amenaza, se formó la asociación De vecino a vecino. Conformado en su mayoría por mujeres, este grupo reúne a abogados, sociólogos, psicólogos, amas de casa, químicos y otras personas de la comunidad. Cada uno de ellos aporta sus habilidades profesionales y recursos a la defensa del territorio. Aunque prefieren no decir sus nombres por temor a alguna represalia, han mantenido por cuatro años una lucha en la que tienen mucho en contra.
«Fue de tocar puerta por puerta —dice Rodolfo, psicólogo de profesión y miembro activo del grupo—. Sábados y domingos nos poníamos a volantear y dar información».
Mientras un vecino hacía pancartas, el otro hacía trabajo de investigación y uno más intentaba negociar con los involucrados. El interés de todos logró agilizar la organización y los procesos. Pronto ganaron el respaldo del Comité Ciudadano de Valle Escondido; dos meses después, los vecinos ya habían entablado una demanda contra el INVI, Seduvi y la Delegación Tlalpan por haber autorizado el proyecto, quedando el Grupo Promotor Entorno S.A. de C.V. como tercer interesado.
foto: Antonio Sánchez
Sin embargo, Grupo Promotor Entorno S.A. de C.V. se comunicó con Chilango en días recientes para negar que ellos sean los responsables de la construcción: «Grupo Promotor Entorno S.A. de C.V., se manifestó ante la Cuarta Sala Regional del TCADF, señalando que de las constancias que obran en autos del juicio, se desprende que no existe vinculación alguna entre Grupo Promotor Entorno S.A. de C.V. y los actos que demandó el Comité Ciudadano 2013-2016 Valle Escondido».
Dos meses más tarde participaron en mesas de trabajo con las autoridades e incluso tuvieron diálogo con el Bloque Urbano Popular y el Movimiento Nacional por la Esperanza, dos organizaciones políticas, asociadas a figuras como René Bejarano, que impulsan el proyecto.
Las respuestas que obtuvieron no fueron muy alentadoras: «por la capacidad, son posibles hasta 700 y, si se puede, más». Además, insistían en que la falta de agua, conflictos viales y otros problemas derivados de la construcción podrían resolverlas con plantones.
La demanda surtió efecto en noviembre de 2015, cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió que la “Norma 26” no era aplicable en este predio. No obstante, durante ese tiempo nadie impidió que siguieran construyendo y, seis meses después, INVI y Seduvi presentaron una inconformidad que les permitió continuar. La única instancia que acató el dictamen inicial fue la Delegación Tlalpan. Se volvió casi al punto de partida.
Otras 9 demandas ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial también resultaron a favor de los habitantes de la zona; el tema llegó hasta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; sirvió de poco. «Tuvo que suceder algo así de impactante para que los vecinos despertáramos —opina Rodolfo—antes de esto la colonia estaba adormecida en cuanto a participación ciudadana».
En algún momento los constructores tacharon a los vecinos de clasistas por rechazar las casas de interés social. Los vecinos de la calle de Rubí insisten en que «esto impacta de tal manera que no sólo la gente que vive aquí tendrá ya una vivienda digna, tampoco la gente que va a llegar».
foto: Antonio Sánchez
Un problema más…
La obra lleva varios meses detenida pues no existían las condiciones de seguridad necesarias para los trabajadores —un problema más para la lista—. Si bien no son las razones que le interesan al movimiento, es suficiente para tener un respiro, aunque se sabe que los trabajos se reanudarán en cualquier momento. Desde entonces, han tenido que lidiar con plantones y campamentos que exigen que la construcción continúe y se complete.
La situación que los vecinos de Valle Escondido viven desde hace 4 años no es excepcional. El problema de los grandes desarrollos inmobiliarios, planteados sin ningún tipo de estudios de impacto y sin considerar las afectaciones, se repite en diversas zonas de la Ciudad de México: los habitantes originarios son desplazados, o bien, se merma su calidad de vida. Los pueblos de Xoco, Santa María Tepepan y Santa Cruz Xochitepec son algunos ejemplos de un fenómeno frecuente.
La lucha de los habitantes de Rubí #38 ha generado conexiones con grupos en todo Tlalpan y Xochimilco —en donde se han instalado complejos con albercas y jacuzzis en colonias donde el suministro de agua es insuficiente—, que pelean por cuestiones similares. La escasez de recursos, el tráfico y otros problemas derivados continúan avanzando sin que alguien sea capaz de poner un límite.