Las sexoservidoras de la Cuauhtémoc temen que, de asignarles horario y código de vestimenta, regresen las prácticas de extorsión y estigmatización, mientras sus derechos siguen sin ser reconocidos
Algunos vecinos se quejaron: No les parecía que sus niños, temprano, se cruzaran con mujeres con poca ropa en su camino a la escuela. La respuesta de la delegación fue una propuesta para imponer horario fijo y ropa «adecuada» a las sexoservidoras de la Cuauhtémoc.
«En ninguna ley dice cómo te tienes que vestir. Nadie tiene el derecho de cambiar la forma en la que utilizas la ropa: ¿quién o cómo se va a determinar si algo es ofensivo?», cuestiona Elvira Madrid, presidenta de la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, dedicada a proteger los derechos de las trabajadoras sexuales.
Este tipo de propuestas, agrega, recuerdan una época oscura y no muy lejana: cuando la extorsión a las trabajadoras sexuales y a los clientes, por parte de autoridades o grupos criminales, era la constante en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
«Los vecinos de la zona reconocen que las sexoservidoras tienen derechos humanos que hay que respetar, pero también solicitan que se respeten los de sus hijos. Por eso buscaremos hacer mesas con la Comisión de Derechos Humanos local y el Gobierno de la Ciudad de México para llegar a un consenso», afirmó durante una sesión del Gabinete de Seguridad el encargado de despacho de la Cuauhtémoc, Rodolfo González Valderrama, cuando planteó la posibilidad de establecer horarios, códigos de vestimenta y espacios específicos –las calles de Violeta, Mina, Zaragoza, Aldama y Puente de Alvarado– para que las sexoservidoras trabajaran.
El problema va más allá de la mucha o poca ropa que las sexoservidoras de la Cuauhtémoc decidan usar para ejercer su oficio. Las organizaciones sociales señalan que, en la capital, no hay ni siquiera una estimación de cuántas personas se dedican al trabajo sexual.
Entre 2014 y 2016, la Secretaría de Trabajo entregó 170 credenciales en las que se les reconocía como empleadas no asalariadas; sin embargo, Brigada Callejera atiende cada año a alrededor de 6,000 personas. «Lo único que sabemos es que 70% son mujeres, 25% pertenecen a la población trans y 5% son hombres», comenta Madrid Romero.
Foto: Cuartoscuro
Los puntos con mayor concentración de trabajadoras sexuales en la Cuauhtémoc son Corregidora, Puente de Alvarado, Sullivan, Buenavista, Calzada de Tlalpan, Insurgentes, los alrededores de la sede delegacional, de la Alameda Central y la Merced, que colinda con la delegación Venustiano Carranza.
Madrid Romero asegura que las delegaciones carecen de facultades para regular los horarios de sus actividades, tarea que correspondería al gobierno central, el cual –vía la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo– incluso entregó credenciales de afiliación a algunas trabajadoras sexuales. Aún más, dice, imponer un código de vestimenta resultaría discriminatorio.
Según cifras de la Encuesta Sobre Discriminación 2017, elaborada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), las trabajadoras sexuales ocupan el lugar 21 de las 40 poblaciones más relegadas en la Ciudad de México.
Reordenar a las sexoservidoras de la Cuauhtémoc, una vieja historia
La propuesta no es nueva. La Delegación Cuauhtémoc tiene una larga historia con el trabajo sexual. Ya en 2001 la entonces delegada, Dolores Padierna, suscribió cuatro convenios con alrededor de 200 trabajadoras sexuales para regular horarios, lugares y ropa en las zonas de San Cosme, Buenavista, Sullivan y Tlalpan.
A estos convenios antecedió un acuerdo en La Merced del año 2000, que generó conflicto porque reunieron a las sexoservidoras de la Cuauhtémoc reguladas con las de Venustiano Carranza, quienes no tenían ningún tipo de restricción.
Los pactos consistían en laborar a partir de las 22:30, utilizar ropa que «no atentara contra la moral», tampoco debían ocasionar disturbios ni ingerir alcohol o alguna sustancia prohibida ni tener relaciones sexuales en la vía pública. Hasta 2003, 10 de los 44 puntos donde se ejercía el trabajo sexual se consideraban «tolerados».
En 2010 el jefe delegacional, Agustín Torres, intentó regularizar el trabajo sexual al adaptar el «circuito de sexoservicio» en la calle Luis Donaldo Colosio, colonia Buenavista, donde se reubicó a 150 trabajadores –hombres y mujeres– bajo reglas como atuendo «adecuado» y horarios establecidos.
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Un año antes, la Comisión de Derechos Humanos chilanga envió una recomendación a la delegación porque los vecinos se sentían incómodos con el ejercicio del sexoservicio en la zona. Fue por eso que el delegado optó por reubicar el circuito donde no hubiera viviendas.
En 2015, en la administración de Ricardo Monreal, se volvió a hacer el intento. El acuerdo consistía en que el gobierno delegacional se comprometía a terminar con extorsiones y persecuciones, mantendría limpia la vía pública y ofrecería servicios de salud a las sexoservidoras de la Cuauhtémoc, a cambio de que ellas no laboraran cerca de oficinas públicas, escuelas y hospitales. El acuerdo incluía la condición de que, durante la mañana, «usaran ropa convencional de manera que no haya exhibición innecesaria con escotes pronunciados o faldas muy cortas» y entre las 21:00 y las 5:00 podrían vestir como desearan.
Foto: Cuartoscuro
«Hace como tres años la Comisión de Derechos Humanos citó a trabajadoras sexuales de la Cuauhtémoc a una mesa de diálogo con vecinos, la delegación y diferentes instancias de gobierno. Ahí los mismos colonos reconocieron que con las autoridades se daban las extorsiones, incluso reconocían que las trabajadoras sexuales ayudaban a los vecinos cuando los intentaban asaltar. Después de esas discusiones, las autoridades rompieron el diálogo», comenta la presidenta de Brigada Callejera.
Todos estos intentos fracasaron. Pero hace unos días, tras la salida de Monreal, el encargado de despacho volvió a poner a las trabajadoras sexuales de la Cuauhtémoc a la vista.
Chilango buscó una entrevista con la delegación para conocer más detalles sobre las quejas vecinales y los avances de trabajo con el gobierno capitalino y la CDHDF, pero no obtuvo respuesta. La única información disponible es que, hasta el momento, no se han iniciado mesas de diálogo.
Medida incongruente
A Rocío Suárez, representante del Centro de Apoyo a Identidades Trans, le parece una incongruencia. Cuando Paola Ledesma fue asesinada en Puente de Alvarado, la delegación Cuauhtémoc no actúo con efectividad para resolver el crimen y castigar a los asesinos. Lo mismo ocurrió cuando a Alexa Flores la mataron en la colonia Obrera. Ambas eran trabajadoras sexuales transgénero.
Para Rocío, querer regular la vestimenta pero dejar homicidios transfóbicos impunes envía un mensaje de estigmatización claro. «La delegación nunca se pronunció. Era un tema relevante y no hubo ninguna acción de su parte para salvaguardar la seguridad en las zonas ni hubo acompañamiento con las compañeras. Es contradictorio que planteen regular el trabajo sexual y, cuando se dieron estos sucesos, la delegación hasta omitió declarar», explica.
Funeral de Paola Ledesma
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Si en la Encuesta sobre Discriminación de Copred el sexoservicio aparecía como la causa número 21 de marginación, el segundo grupo más discriminado es el de la diversidad sexual. Suárez señala –al respecto– que asumir el trabajo sexual como un problema, una actividad perjudicial o un mal ejemplo, cierra la puerta a cualquier diálogo.
«Las compañeras participarían si se tratara de una mesa con las autoridades competentes y se garantizara su reconocimiento como personas con derechos y obligaciones y no con señalamientos y etiquetas negativas, que lo único que hacen es alimentar prejuicios», dice la activista.