A partir del 20 de febrero, quienes hayan sufrido delitos y violaciones a derechos humanos contarán con una Ley de Víctimas que los protege.

Aprobada en diciembre de 2017 por la Asamblea Legislativa y publicada este lunes 19 de febrero en la Gaceta Oficial, sustituye a la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal y garantizará el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral del daño y no revictimización.

Entre las diferencias entre amas leyes, la nueva legislación propone un modelo de atención integral «preventivo transformador» que brindará gratuitamente atención médica, psicológica, social, jurídica, psicofísica, de reparación y acceso a programas y servicios sociales a largo plazo, en lugar del modelo reactivo que operaba solo de manera inmediata en la versión anterior.

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Una característica de la Ley de Víctimas es que contará con suficiencia económica, a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la CDMX al que cada año se le asignará un monto del presupuesto de la ciudad y se complementará con el pago de multas y reparación de daños.

También se formará un Sistema de Atención Integral para coordinar y formular políticas públicas, además de una Comisión que facilitará la colaboración entre diferentes dependencias y coordinará el Registro de Víctimas de la Ciudad de México como un mecanismo que facilite y supervise el acceso a los servicios y procedimientos que establece la Ley de Víctimas.

La condición de víctima será determinada por un juez, órganos jurisdiccionales internacionales a los que México les reconozca competencia y la propia Comisión basados en información de Ministerios Públicos y organismos de derechos humanos locales. De dicho reconocimiento dependerá  el acceso a la reparación integral.

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Entre los pendientes de la aprobada Ley de Víctimas están la publicación de su reglamento, la cual le corresponde al jefe de Gobierno, y el que la Asamblea Legislativa realice las adecuaciones normativas a otras legislaciones para su armonización; además de nombrar un titular de la Comisión de Víctimas en un plazo no mayor a 120 días naturales.