Una superficie de 15.42 hectáreasprotegidas, cuyo uso de suelo es principalmente de conservación ecológica yforestal, se ha convertido en el terreno de la discordia. Para varias de lasagrupaciones vecinales que lo circundan, la flora y fauna local estánamenazadas por la construcción de un conjunto habitacional con dos torres y unmódulo para trescientos cajones de estacionamiento en una superficie de 50 mil 130 metros cuadrados.
La Barranca de Tecamachalco, el área endisputa, en realidad tiene problemas como la contaminación del río y de laslagunas, así como su desecación; además, no tiene vigilancia permanente. A esteproblema, aseguran los vecinos, se suma la obra que se construye ahí: elproyecto contempla un cercado de 150 metros de concentrina (púas en espiral concuchillas tipo bisturí) y la instalación de una caseta de vigilancia paraimpedir el paso a la barranca por tratarse de "propiedad privada".
Un mes después de que la delegación se negara a iniciar el plan de Rescate de las Barrancas en Tecamachalco, autorizó la construcción de un conjunto habitacional.
La molestia de los vecinos tiene suhistoria: el 13 de febrero de 2010, la delegación Miguel Hidalgo gestionó unareunión con habitantes de la colonia Virreyes para iniciar el Plan de Rescatede las Barrancas. Los vecinos solicitaron que se iniciara con la Barranca deTecamachalco, a la altura de Sierra Tlalcoyunga; sin embargo, la delegaciónindicó que lo iniciaría en otra. Exactamente un mes después,el 13 de marzo de 2010, la delegación autorizó la construcción del conjuntohabitacional mediante la emisión de un Dictamen de Impacto Urbano y de MedioAmbiente, después de un juicio de amparo promovido por un particular, que seostenta como dueño del predio.
En realidad, el juicio de amparo fue iniciadocontra SEDUVI y la Delegación no es parte de él, ni el amparo es paraprejuicio, pues no resolvió sobre el dictamen de Impacto Urbano ni sobreresoluciones de la delegación, ante lo que los vecinos reaccionaron molestos. Latesis que la autoridad sostiene es que los juicios federales resueltos laobligan a expedir los permisos de construcción. Los vecinos sostienen que setrata de autoridades distintas, por lo que no hay razón legal alguna quejustifique la emisión del dictamen aprobatorio.
Para las agrupaciones vecinales existe discrecionalidad,opacidad y falta de certeza jurídica en los trámites para poder dar inicio alproyecto, por lo que han solicitado un estudio de impacto ambiental y de riesgorelativo al delegado de la demarcación, Demetrio Sodi, quien hasta el momentono se ha manifestado al respecto.