Ante los señalamientos de irregularidades relacionadas con el edificio de Álvaro Obregón 286, que colapsó durante el sismo del 19 de septiembre y donde murieron 49 personas, los dueños del inmueble dicen que siempre contaron con los permisos de construcción y que no tienen deudas con el gobierno capitalino.

La aclaración ocurre luego que el consejero jurídico de la CDMX, Manuel Granados, anunció la expropiación del predio, debido a que la inmobiliaria a cargo tenía adeudos con el Gobierno de la ciudad.

«A partir de esta semana iniciaremos el procedimiento expropiatorio de Álvaro Obregón 286 (…) para efecto de tener un memorial y que esto permita tener este procedimiento en el mayor y mejor caso y se dé esta garantía de audiencia», dijo el funcionario.

El edificio de Álvaro Obregón 286, agregó, es el primero en expropiarse de todos los inmuebles que resultaron afectados por el sismo y, por ser el lugar donde fallecieron más personas, fue escogido para levantar un memorial, el cual estaría sujeto a una consulta ciudadana.

Ante ese panorama, la Inmobiliaria Álvaro Obregón S. A. de C.V. emitió un comunicado para aclarar los señalamientos hechos en su contra.

En el documento, asegura que hasta el momento del derrumbe «el inmueble se encontraba al corriente del pago de sus obligaciones fiscales».

Explica, además, que desde 1959 el edificio contaba con el diseño y permiso requeridos por la Dirección de Obras —del entonces Departamento del Distrito Federal— para la construcción de 6 pisos, «mismos niveles que tenía al momento del colapso».

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Agrega que, además de tener la licencia de construcción, el edificio siempre recibió el mantenimiento pertinente y nunca tuvo cambios en su estructura.

Para argumentar eso, la inmobiliaria indica que el edificio de Álvaro Obregón 286 fue sede de instituciones como la Secretaría de Pesca (cuyas oficinas se mantuvieron ahí casi tres décadas), Panasonic, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, «entre otras empresas nacionales y transnacionales».

Finalmente, la inmobiliaria aclaró que «deja abierto el canal de comunicación a través de sus representantes legales», en caso de que se pretenda expropiar el predio.

Hasta el momento, la Contraloría General de la CDMX ha revelado que abrió ocho carpetas de investigación relacionadas con irregularidades administrativas durante la construcción de los inmuebles que colapsaron con el sismo del 19 de septiembre, de las cuales ya se determinó la orden de aprehensión contra el dueño del edificio de Zapata 56 y la dueña y directora del Colegio Enrique Rébsamen.