La inmobiliaria Abilia, propiedad de María Asunción Arumburuzabala, reconocida como una de las empresarias más poderosas de México, presentó una denuncia por extorsión en contra de Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del conductor Joaquín López-Dóriga.

Según se expuso en dicha demanda, la esposa de Dóriga, a través de su abogado, exigió 5 millones de dólares para resarcir a los vecinos la pérdida de plusvalía del edificio contiguo al que la inmobiliaria construye en el 225 de Rubén Darío. Y también para “dejar sin efectos los procedimientos” que ya se habían puesto en marcha para detener la obra, como el juicio de lesividad promovido por la Consejería Jurídica del GDF en junio pasado, con el cual se busca revertir todos los permisos ya otorgados.

El representante de la inmobiliaria, según una nota del diario Reforma, dijo que la inmobiliaria ha cumplido con toda la normatividad para hacer su desarrollo, por lo que la exigencia de los vecinos –además de contra Pérez Romo, la demanda incluye a sus vecinas Paloma Carrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, y a sus abogados Mario Alberto Becerra Pocoroba y Érika Mendoza Bergmans– les parece una extorsión.

“Para una empresa como la nuestra, que estamos en esta Ciudad, invirtiendo mucho dinero, acceder a una, no me gusta decirlo, pero yo sí esto lo veo como una extorsión, y al ser una extorsión para un proyecto como éste con estas autoridades, yo creo que abre la puerta para que esto se vuelva un mecanismo para que nos suceda en 14 proyectos que tenemos actualmente. De entrada nos pone muy nerviosos el estar sentados explorando esa posibilidad”.

Abilia tiene desarrollos inmobiliarios que juntos suman unos dos millones de metros cuadrados.

GDF se deslinda

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que su administración nada tiene qué ver en el conflicto entre vecinos y el desarrollo inmobiliario en Rubén Darío 225.

“Yo ahí he sido claro, la decisión es en un Tribunal. Las denuncias que estén presentadas en la Procuraduría tienen que analizarse integralmente.Lo que el Gobierno ha reiterado y vuelve a reiterar es que es una decisión del Tribunal. Si el Tribunal dice que todo el procedimiento es apegado a derecho, pues así será”, explicó.

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