Cientos de personas con discapacidad y adultos mayores son olvidados en hospitales, asilos, en la calle o en viviendas sin servicios básicos, pese a que ahora la PGJ de la Ciudad de México puede iniciar un proceso judicial contra los responsables.
Según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social capitalina, cada año 100 personas son abandonadas en hospitales: entran por una dolencia y nunca nadie vuelve por ellos. Por desgracia, los afectados siguen prefiriendo no denunciar, para no afectar al otro, que suele ser un familiar.
A veces pasan años sin que nadie los visite, están conscientes de que han sido abandonados; aún así, se sobresaltan cada que suena el tintineo de la puerta: no pierden la esperanza de que alguien acuda algún día.
Alonso Ramírez trabaja en una residencia privada de tiempo completo para adultos mayores, un asilo ubicado al sur de la Ciudad de México. Lleva siete años ofreciendo terapia física, rehabilitación y masajes a las 200 personas que viven en la casa, de la cual pidió guardar el nombre, por respeto a su labor.
En este lugar, rodeado de árboles frutales, pastos verdes y un par de mesas de jardín, viven los familiares de quienes pueden pagar entre $7,000 y $40,000 por un servicio de cuidado. La riqueza, en ciertos casos, se traduce en olvido.
«Les pueden pagar el mejor servicio, pero no los vienen a ver —dice Alonso, de 35 años y especialista en medicina de deporte—. Los familiares pueden desaparecerse por años. No saben que la convivencia, una visita sencilla, una charla, puede levantarles el ánimo y mejorar su estado de salud. Romper el lazo también es abandono».
Redes de apoyo para personas con discapacidad y adultos mayores
El primer criterio para determinar si alguien vive en esta condición es saber si cuenta con redes familiares o sociales. Cuando estas no aparecen o no son suficientemente sólidas para sostener a una persona que lo necesita, se puede considerar abandono.
La circunstancia de vida y el grado de vulnerabilidad son otros factores medibles de acuerdo con criterios de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, saber si la persona vive sola, si puede moverse, si tiene desnutrición, deshidratación o algún otro padecimiento. También, si su vivienda cuenta con servicios básicos y si responde a sus necesidades.
«Nosotros llegamos a la población adulta mayor de dos formas: si algún vecino o pariente que viva fuera de la ciudad nos notifica que existe riesgo o si las brigadistas del programa de pensión de Capital Social encuentran alguna irregularidad durante sus recorridos», explica Rigoberto Ávila, director del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (IAAM).
Una vez que el IAAM identifica a una persona con posible riesgo, acude al domicilio con atención médica, psicológica, geriátrica y gerontológica para hacer una valoración que permitirá determinar su condición de vida y si está en abandono.
Dependiendo del caso, se puede recurrir a otras instancias, la red de hospitales y el sistema DIF, por ejemplo; también algunas organizaciones civiles o albergues públicos pueden asignarles un espacio para vivir. Cuando es necesario, la Procuraduría capitalina está facultada para iniciar procesos judiciales o civiles por abandono, desatención o violencia.
Violencia y abusos contra los adultos mayores
De acuerdo con el IAAM, en el 90% de los casos el núcleo familiar de los adultos mayores y personas con discapacidad es el responsable de cometer actos de violencia física, psicológica y patrimonial en diferentes grados y se estima que 4 de cada 10 personas en estos grupos sufre algún tipo de abuso.
Negligencia por no entregarles sus medicamentos, tratarlos como objetos que no sienten ni escuchan; gritos, insultos, golpes, acoso y abuso sexual; malgastar su dinero, robarles pertenencias, despojarlos de inmuebles y hacerles firmar contratos son algunas agravantes que se suman al delito de abandono, mismo que se castiga con tres meses y hasta tres años de prisión, de acuerdo con el artículo 156 del Código Penal chilango.
«En lo que va del año, el Instituto de Atención a los Adultos Mayores ha brindado acompañamiento a 1,500 casos de denuncias por diferentes tipos de violencia, entre ellos el abandono. Uno de los casos es el de una mujer de 86 años, habitante de la Miguel Hidalgo», comenta en entrevista Rigoberto Ávila. Esto se traduce en 125 quejas al mes, cada una con un proceso distinto.
La mujer vivía sola en un pequeño cuarto que su hijo le rentaba, pero que no atendía. Tenía una condición de deterioro por la edad que le imposibilitaba moverse con libertad, incluso en el interior de su vivienda. Eran los vecinos quienes la apoyaban con un poco de comida y el aseo de su espacio. Ellos llamaron al instituto, preocupados por su estado de salud.
«Nosotros acudimos, prestamos atención, la valoramos y nos dimos cuenta que tenía muchas limitantes para la vida, entonces nos dedicamos a buscar al hijo para darle información sobre medidas de cuidado y asilos, pero se negó a colaborar», cuenta.
La mujer decidió denunciar ante el Ministerio Público y un juez resolvió que el hijo debía hacerse cargo e ingresarla a una institución de cuidados de 24 horas.
Como este caso existen decenas: viejitos y personas con discapacidad son abandonados en calles, iglesias, albergues, servicios de salud y viviendas.
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La calle como hogar de adultos mayores y personas con discapacidad
Una sentencia es real: un día llegaremos a la vejez y, con ella, las dificultades físicas podrían traer algún grado de discapacidad.
En la CDMX se contabilizan 500 mil personas con discapacidad y más de un millón de adultos mayores. Para unos –los que están hartos–, el maltrato, las calles, son una oportunidad de vida; para otros, el desgaste físico de la edad o los problemas mentales los llevaron a salir de casa sin saber regresar.
En los ocho albergues para adultos mayores que tiene el Instituto de Asistencia e Integración Social viven 1,089 personas; 669 padecen discapacidad parcial y 118, dificultad total. Todos ellos, dice Héctor Maldonado, director del IASIS, han convertido los albergues en un hogar permanente.
«En la mayoría de los casos estos grupos se quedan a vivir en los albergues debido a las edades avanzadas o a las discapacidades que les dificultan vivir de forma independiente. Después que muchos son rechazados, aquí tienen atención médica, comida, higiene y un lugar para descansar», explica.
«En la población de calle el abandono es muy fuerte, casi siempre lo viven doble: al salir de casa y al experimentar el rechazo social, pues muchos casos que llevamos tienen que ver con que los golpean y sobajan en las calles, entonces se convierten en los más vulnerables de los vulnerables».